El conflicto PAMI-Córdoba: el tablero político detrás de una deuda histórica

Lo que comenzó como un reclamo administrativo por prestaciones médicas se ha transformado en un campo de batalla político entre el Centro Cívico y la Casa Rosada. Con una deuda reconocida que supera los $2.600 millones y facturas cajoneadas desde 2018, la crisis del PAMI en Córdoba no es solo un problema de gestión financiera, sino el síntoma de una fragmentación absoluta del sistema sanitario nacional. Mientras el ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer, califica de «extemporáneo» el gesto de Nación, el gobernador Martín Llaryora endurece el discurso, marcando una distancia estratégica frente a un organismo que, según la Provincia, ha «abandonado» a sus afiliados.

La disputa actual tiene raíces profundas que mezclan la herencia de gestiones pasadas con la rigidez del ajuste actual. El escenario es complejo: hospitales provinciales saturados, intendentes sin respuestas y una incertidumbre total sobre quién financia realmente la salud de los adultos mayores en el interior cordobés.

1. El origen del conflicto: facturas de 2018 y aranceles «congelados»

La génesis de la deuda se remonta a lo que técnicamente se conoce como «recupero de gastos». Cuando un afiliado de PAMI se atiende en un hospital público provincial (ya sea por urgencia o por falta de prestadores privados en su zona), la Provincia le factura ese servicio a la obra social nacional.

• El «cajoneo» histórico: Existen 1.477 facturas sin pagar solo del año 2018. El reconocimiento de deuda actual de Nación apenas cubre un tramo (unos $610 millones hasta 2024), dejando en el aire más de $2.000 millones generados en el último ciclo.
• La trampa arancelaria: Según denunció Pieckenstainer, el PAMI define los aranceles de forma unilateral y prohíbe el cobro de intereses por mora. Esto significa que Córdoba está cobrando hoy —si es que cobra— prestaciones realizadas hace años a valores nominales que la inflación ya pulverizó.

2. Los actores políticos y la estrategia del «guante»

En este conflicto, las piezas se mueven con fines electorales y de posicionamiento territorial:

• Ricardo Pieckenstainer (Ministro de Salud): Actúa como el brazo técnico del reclamo. Su tono es de indignación profesional: cuestiona la demora en medicamentos oncológicos (de 90 a 120 días) y la falta de vacunas, señalando una «fragmentación absoluta» del sistema nacional.
• Martín Llaryora (Gobernador): El mensaje político es claro: «Córdoba se hace cargo de lo que Nación abandona». Al sostener la atención de los jubilados con fondos provinciales, Llaryora utiliza el conflicto para blindar su imagen frente a la clase pasiva cordobesa y marcar un contraste con el modelo de ajuste nacional.
• El factor San Francisco: En el interior, la tensión sube. Referentes de PAMI (como en San Francisco) han salido al cruce del reclamo provincial, mientras se cocinan candidaturas locales. La política utiliza la falta de servicios como un arma arrojadiza: Nación acusa a la Provincia de «mala gestión» y la Provincia acusa a Nación de «desfinanciamiento».

3. Consecuencias: El hospital público como red de contención única

El problema ha escalado de las oficinas a los pasillos de los hospitales. Ante el corte de servicios en clínicas privadas, farmacias y ópticas por falta de pago del PAMI, el sistema público cordobés se ha convertido en el único prestador real.

• El interior profundo: A más de 150 kilómetros de la capital, la situación es crítica. Los intendentes no tienen capacidad para atender patologías complejas y derivan todo a los hospitales provinciales, que hoy funcionan como la «obra social de hecho» de los jubilados nacionales.
• La crisis de insumos: La demora no es solo de PAMI. Programas nacionales como ProFE e Incluir Salud también registran retrasos, obligando a la Provincia a «comprar tiempo» y medicamentos con partidas propias para evitar el colapso sanitario.

Escenarios: ¿Tregua o ruptura total?

El reciente reconocimiento de una parte de la deuda por parte del PAMI es visto en Córdoba no como una solución, sino como un «gesto para la tribuna». El desenlace previsible es una judicialización o una profundización del conflicto político si el flujo de fondos no se normaliza antes del segundo trimestre.

Para el gobierno de Llaryora, el costo político de dejar a los jubilados sin atención es prohibitivo, por lo que seguirá «tomando el guante» del gasto. Sin embargo, la tensión financiera tiene un límite. Si el PAMI no actualiza sus aranceles y agiliza los pagos, Córdoba podría endurecer las vías legales, transformando un problema de salud en un conflicto de competencias constitucionales entre el Federalismo y el Centralismo nacional.