La decisión del peronismo cordobés de llevar el debate por los subsidios del gas al Parlamento provincial no busca un impacto real en las tarifas, sino formalizar un test de estrés institucional. Mediante una ingeniería jurídica inédita, el oficialismo intenta obligar a la oposición local a elegir entre el alineamiento doctrinario con la Casa Rosada o el costo político de convalidar los recortes en su propio territorio.
El escenario político de Córdoba ingresó en una fase de alta fricción institucional. El peronismo mediterráneo, bajo la conducción estratégica del gobernador Martín Llaryora, redobló su ofensiva contra el plan de ajuste fiscal de la administración libertaria al convocar a una sesión especial en la Unicameral. La iniciativa, formalizada por la vicegobernadora Myrian Prunotto, busca que la Legislatura emita un pronunciamiento formal de rechazo a la quita de subsidios al gas contemplada en la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.
Con este despliegue, el llaryorismo intenta forzar un ordenamiento del sistema político local detrás del Centro Cívico y, fundamentalmente, exponer y condicionar los votos de los senadores nacionales opositores Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. Al apelar al artículo 104 de la Constitución provincial, el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba buscará el dictado de «instrucciones» vinculantes para los representantes de la Cámara Alta. La argumentación oficialista, delineada por el jefe de la bancada Facundo Torres, plantea que el recorte afectará a cerca de dos millones de usuarios del interior para terminar beneficiando de manera discrecional al Área Metropolitana de Buenos Aires ($AMBA$).
La respuesta de la oposición no tardó en estructurarse bajo dos ejes discursivos diferenciados. Por un lado, el Frente Cívico rechazó la presión del Ejecutivo y defendió la «coherencia histórica» de su conductor, recordando que Juez ya había votado en contra de la ampliación de este régimen de subsidios en el año 2021. El juecismo ratificó su sintonía con el criterio de focalización estricta que promueve la Casa Rosada, argumentando que los beneficios deben dirigirse exclusivamente a los sectores vulnerables. Por el otro, el radicalismo, a través de la legisladora deloredista Alejandra Ferrero, denunció el uso discrecional del reglamento de la Unicameral, acusando al oficialismo de bloquear de manera sistemática los pedidos de sesión especial orientados a tratar las problemáticas de la agenda local, tales como la crisis de la obra social Apross, el incremento de la inseguridad urbana y las subas de los impuestos provinciales.
La jugada del oficialismo cordobés trasciende la discusión estrictamente tarifaria para convertirse en un ensayo general de cara al armado electoral. Al trasladar el debate nacional al recinto local, Llaryora obliga a sus principales rivales políticos a elegir entre el alineamiento con la Nación o la defensa del bolsillo de su electorado histórico. El resultado de esta sesión especial en la Unicameral no modificará el destino técnico de la ley en el Congreso de la Nación, pero funcionará como un riguroso indicador del humor social y fijará el tono de la confrontación política en la provincia durante el segundo tramo del año.
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