El Poder Ejecutivo envió un nuevo proyecto de ley enfocado en captar megaversiones para sectores inexistentes o embrionarios en el país. El esquema eleva el piso a los 1000 millones de dólares y despliega un blindaje fiscal, cambiario y aduanero sin precedentes por 30 años, marcando una fuerte diferenciación con el régimen original al excluir la reconversión de plantas actuales.
El Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso del proyecto para instituir el «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias», bautizado en el ámbito económico como el Súper RIGI. A diferencia de su antecesor —el RIGI original incluido en la Ley Bases—, este nuevo andamiaje legal no busca potenciar o ampliar actividades que ya están operativas en el entramado productivo nacional. El foco exclusivo está puesto en captar capitales para actividades que no se desarrollen o presten en el país, abriendo la puerta a rubros de alta complejidad tecnológica como la inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, hidrógeno verde, reactores nucleares modulares ($SMR$) y vehículos 100% eléctricos.
Para calificar al beneficio, la administración de Javier Milei fijó condiciones de acceso sumamente estrictas. Cada iniciativa deberá canalizarse mediante un Vehículo de Proyecto Único (VPU) —sociedades de objeto exclusivo creadas a tal fin— y comprometer una inversión mínima de 1000 millones de dólares. Para garantizar el carácter inmediato del desembolso y evitar especulaciones de portafolio, la normativa exige que al menos el 20% de ese monto total sea ejecutado durante los primeros dos años desde la fecha de adhesión, la cual tendrá un plazo inicial de vigencia de cinco años con opción a una prórroga por un año adicional.
El verdadero atractivo de la propuesta radica en un agresivo menú de incentivos diseñado para recortar costos y neutralizar el histórico riesgo regulatorio local. En el plano impositivo, los VPU tributarán una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias —frente a la tasa corporativa general del 35%—, contarán con amortización acelerada de bienes de capital y computarán el 100% del impuesto al cheque contra Ganancias. En materia laboral, se establece una baja de contribuciones patronales al 10% para los nuevos puestos de trabajo. Por su parte, la ingeniería fiscal contempla la exención absoluta de derechos de importación para maquinaria e insumos, la eliminación de retenciones a las exportaciones del proyecto y la devolución de IVA mediante Certificados de Crédito Fiscal transferibles.
La trastienda del proyecto revela además un fuerte blindaje en materia financiera y de soberanía regulatoria. El Súper RIGI consagra una estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, acompañada por un esquema de libre disponibilidad de divisas progresiva (20% libre al primer año de exportación, 40% al segundo y 100% a partir del tercero) que independiza a los inversores del cepo cambiario. Finalmente, la letra chica plantea dos desafíos de alta sensibilidad política: por un lado, exige la adhesión expresa de provincias y municipios, limitando la creación de tasas locales sobre la facturación de las empresas; por el otro, establece que cualquier conflicto con el Estado será resuelto vía arbitraje internacional (como el CIADI), restando jurisdicción a los tribunales nacionales para asegurar las máximas garantías institucionales exigidas por el capital global.
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