El miedo a perder el techo: 40 mil familias cordobesas en vilo por la nueva ley de propiedad privada

Bajo el lema de la «inviolabilidad de la propiedad», un proyecto de ley que avanza en el Senado ha encendido las alarmas en los sectores más vulnerables de Córdoba. La Iglesia local, encabezada por el cardenal Ángel Rossi, junto a organizaciones sociales, advierten que la normativa no solo frenaría la urbanización de 318 barrios populares en la provincia, sino que abriría la puerta a desalojos masivos. Para miles de vecinos que hoy viven en la informalidad, la ley actual es su único escudo jurídico; sin ella, el sueño de la escritura se transforma en la pesadilla del desarraigo.

La controversia gira en torno a la modificación de la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana. Mientras el Gobierno nacional busca acelerar desalojos y liberar tierras para grandes capitales, en los barrios de Córdoba la preocupación se mide en chapas, ladrillos y servicios básicos que podrían no llegar nunca.

1. El fin de la tregua: el fantasma de los desalojos

La ley vigente declara de interés público la urbanización y, fundamentalmente, suspende los desalojos por 10 años. Este «paraguas» legal permitió que las familias invirtieran en sus hogares sin el miedo constante a ser expulsadas.

• Incertidumbre habitacional: Referentes sociales denuncian que hoy los vecinos dudan incluso en mejorar sus viviendas. «No saben si mañana, aprobada la ley, van a venir a desalojarlos», advierten desde la organización Techo.
• Vulnerabilidad extrema: En Córdoba, son al menos 40.000 familias las que quedarían desprotegidas. La nueva normativa busca priorizar el derecho de propiedad sobre el derecho a la vivienda, rompiendo un consenso que llevaba años de vigencia.

2. La Iglesia como escudo moral: «Tierra, Techo y Trabajo»

La irrupción del cardenal Ángel Rossi en el debate le da al reclamo una dimensión ética que trasciende lo partidario. La Iglesia de Córdoba no habla de leyes, habla de «sufrimiento».

• El concepto «sin hogar»: Para Rossi, la falta de vivienda es el mayor dolor de nuestro tiempo. Su postura es clara: el derecho a las «Tres T» (Tierra, Techo y Trabajo) no es filantropía, es una obligación sagrada del Estado.
• La deuda social: La Iglesia advierte que el Estado nacional no puede delegar su responsabilidad en municipios y provincias que ya están asfixiados económicamente, dejando a los «más frágiles» sin cuidado.

3. Consecuencias: obras paralizadas y pérdida de empleo

Más allá de lo legal, el impacto social ya se siente en el territorio cordobés debido al recorte de fondos en la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU).

• Freno a la urbanización: La paralización de la obra pública nacional dejó a medio terminar proyectos de agua potable, cloacas e iluminación en los barrios más necesitados.
• Impacto en el trabajo barrial: Muchas de estas obras eran ejecutadas por cooperativas locales (como «Cuchara, balde y corazón»). Al cortarse el financiamiento, no solo se frena el progreso del barrio, sino que miles de vecinos pierden su única fuente de ingresos formal.

¿Progreso o retroceso social?

El debate en el Congreso plantea una encrucijada para Córdoba. Por un lado, la visión de la propiedad privada como un valor absoluto; por el otro, la realidad de 5 millones de personas en Argentina que habitan territorios sin regularizar.

El desenlace de esta ley determinará si el Estado nacional sigue siendo el garante de la integración urbana o si se retira del territorio, dejando la resolución de los conflictos de tierras librada a las leyes del mercado. En los barrios populares cordobeses, la consigna es clara: la urbanización no es solo una obra de ingeniería, es la base sobre la cual se construye el acceso a la salud, la educación y la seguridad de los más pobres.