Pacto: los motivos para denunciar un blindaje a Moreno y frenar la jura del fiscal Rodríguez

La maniobra del peronismo para desplazar al concejal Ricardo Moreno mediante el regreso de Raúl La Cava desató una tormenta en el Concejo Deliberante de Córdoba. En paralelo, el Frente Cívico trasladó la ofensiva a la Unicameral para bloquear la asunción del polémico fiscal Iván Rodríguez en la Procuración Penitenciaria.

La resolución de la crisis política derivada del femicidio de Agostina Vega ingresó en una fase de abierta confrontación institucional entre el cordobesismo y los bloques opositores. Luego de que el intendente Daniel Passerini dispusiera el sorpresivo regreso de Raúl La Cava a su banca en el Concejo Deliberante, la Unión Cívica Radical (UCR) denunció penal y políticamente la existencia de un mecanismo corporativo de encubrimiento. Los motivos de la furia radical —encabezada por la jefa de la bancada, Elisa Caffaratti— radican en que el oficialismo utilizó una vía administrativa de alternancia de titulares para camuflar la salida de Ricardo Moreno, enviándolo al «banco de suplentes» y evitando así el costo público de una votación nominal de expulsión que la oposición ya tenía articulada para la sesión de este jueves.

Las causas de la escalada opositora traspasaron las fronteras municipales y provocaron un inmediato sismo en la Legislatura provincial, donde el juecismo reactivó sus cuestionamientos hacia el riñón judicial del oficialismo. El jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, formalizó una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia ($TSJ$) para suspender de forma indeterminada el juramento del fiscal Iván Rodríguez como Procurador Penitenciario Adjunto. Los fundamentos de la presentación invocan una «absoluta falta de idoneidad moral y ética», señalando que Rodríguez fue el magistrado que en 2025 le otorgó la libertad bajo fianza al presunto femicida Claudio Barrelier en una causa por secuestro; un antecedente que para los denunciantes invalida al funcionario para coordinar un organismo destinado a velar por los derechos humanos en el sistema carcelario.

Ante la contundencia de la presión social y legislativa, el Poder Judicial y el Centro Cívico debieron recalcular sus próximos pasos institucionales. Si bien la explicación formal atribuyó la repentina suspensión de la jura de Rodríguez y Bettina Croppi a supuestas demoras en la infraestructura de la nueva sede, en los pasillos de los tribunales cordobeses admiten que el Panal ordenó congelar el recambio de autoridades para evitar que la ceremonia se transformara en un foco de protestas civiles. Aprovechando el repliegue oficialista, la oposición no solo impulsa un sistema permanente de actualización de antecedentes penales y narcotest para toda la planta estatal, sino que reinstaló el proyecto para derogar de raíz la ley de Procuración Penitenciaria, catalogándola como una estructura diseñada por el justicialismo para crear cargos de privilegio y otorgar inmunidad a los fiscales alineados con el poder de turno.