El detrás de la tasa de femicidios en Córdoba y las alarmas previas que el Estado ignora

El Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema confirmó que la provincia registró 10 crímenes de mujeres durante 2025, promediando un asesinato cada 36 días. Los datos exponen que el hogar sigue siendo el espacio más hostil y que casi la mitad de los agresores contaba con antecedentes de violencia.

La sistematización de las estadísticas judiciales en materia de violencia de género desnudó una preocupante constante estructural que trasciende las coyunturas políticas y los casos particulares. El informe anual elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que Córdoba registró 10 femicidios directos durante 2025, lo que representa el 5% del total de las 200 víctimas contabilizadas a nivel nacional. Los motivos que perpetúan este indicador radican en la falta de respuestas preventivas eficaces por parte de los organismos de control y la justicia penal, dado que la provincia cerró el período con una tasa de 0,50 víctimas cada 100.000 mujeres, manteniendo un flujo de letalidad criminal en el que una mujer resulta asesinada cada 36 días por razones de género.

Las causas que configuran la vulnerabilidad de las víctimas se localizan de manera abrumadora dentro del entorno residencial e íntimo. El relevamiento oficial demostró que el 83% de los femicidios fue perpetrado por una persona del vínculo cercano, concentrándose la mayor cantidad de agresores entre parejas y exparejas, y advirtiendo que en el 36% de las situaciones existía una convivencia bajo el mismo techo. El factor más alarmante de la estadística judicial es el desoimiento de las alertas tempranas: en el 44% de los casos ya existían antecedentes de violencia de género antes del desenlace fatal. De ese universo, 36 situaciones contaban con denuncias formales en los tribunales y 16 víctimas disponían de medidas de protección vigentes —como botones antipánico o restricciones de acercamiento— al momento de ser asesinadas, confirmando las graves fallas en el monitoreo estatal.

El análisis del comportamiento posterior de los femicidas —cuya edad promedio se ubicó en los 38,4 años— expone las conductas evasivas que suelen entorpecer los primeros tramos de las instrucciones fiscales. El 31% de los agresores intentó darse a la fuga y un tercio implementó maniobras de ocultamiento que incluyeron el descarte del cuerpo en descampados, incendios intencionales o la simulación de accidentes y suicidios; dinámicas que guardan una estrecha correlación con el submundo de consumos problemáticos de alcohol y cocaína que registraba el 22,4% de los imputados. La difusión de estos indicadores oficiales coincide con el impacto social por el crimen de la adolescente Agostina Vega en la periferia cordobesa, una coyuntura que reactivó las protestas del colectivo «Ni Una Menos» y los duros cuestionamientos hacia un Poder Judicial penal cuyos tiempos de reacción continúan llegando tarde para resguardar la vida de las mujeres en riesgo.