Un relevamiento oficial del Centro Cívico sobre datos del Banco Central revela que 262.380 cordobeses acumulan pasivos por $ 733.220 millones en riesgo medio y bajo de incobrabilidad. El gobernador Martín Llaryora busca frenar la caída hacia las categorías críticas del sistema financiero mediante refinanciaciones con tasa tope del 35%.
La decisión del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba de implementar el programa «Alivio Cordobés» responde a un informe técnico elaborado a partir de registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La radiografía crediticia expone que 262.380 personas físicas radicadas en la provincia registran compromisos financieros por un total de $ 733.220 millones clasificados en las situaciones 2 (riesgo bajo) y 3 (riesgo medio) del sistema. El objetivo prioritario de la gestión del gobernador Martín Llaryora, coordinado junto al jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y el ministro de Economía, Guillermo Acosta, es reestructurar esas deudas antes de que migren a las categorías 4 y 5, caracterizadas por una alta probabilidad de incobrabilidad definitiva.
El programa está dirigido a personas físicas con ingresos mensuales de hasta $ 3,7 millones que afronten deudas por tarjetas de crédito y préstamos personales. La propuesta contempla unificar obligaciones dentro de una misma entidad financiera, estableciendo plazos de amortización de 24 a 48 meses con una Tasa Nominal Anual (TNA) máxima del 35%. Para viabilizar esta reducción de tasas, el esquema plantea un esfuerzo tripartito: el Estado provincial resignará recaudación mediante la rebaja de la carga impositiva aplicable a los actos financieros, las entidades bancarias y de crédito reducirán sus márgenes de rentabilidad, y los usuarios asumirán el pago de una cuota rediseñada según su capacidad de ingresos. La medida alcanza un universo potencial más amplio, dado que la provincia contabiliza 3,8 millones de cuentas individuales, de las cuales unas 738 mil registran algún grado de atraso.
En términos de distribución del volumen adeudado en situaciones 2 y 3, el Banco de Córdoba (Bancor) encabeza la nómina por monto al concentrar $ 168.720 millones. Le siguen el Banco Nación con $109.640 millones, Banco Galicia con$ 66.780 millones, Banco Macro con $61.020 millones y Banco Santander con$ 60.590 millones. Dentro de las diez principales entidades por acreencia monetaria también figuran Tarjeta Naranja ($ 56.420 millones), BBVA ($30.150 millones), Mercado Libre ($ 19.440 millones), Naranja Digital Compañía Financiera ($18.590 millones) e ICBC ($ 13.150 millones). La nómina se completa con otras entidades como Supervielle ($ 11.660 millones), CFN ($7.580 millones), Credicuotas Consumo ($ 7.130 millones), Banco Hipotecario ($5.740 millones) y Banco del Sol ($ 5.360 millones).
Sin embargo, al medir la morosidad por volumen de deudores y no por monto, el mapa financiero cordobés muestra un marcado predominio de tarjetas de crédito, plataformas digitales y fintechs. Tarjeta Naranja lidera el ranking de morosos en las categorías analizadas con 40.280 casos, seguida por Mercado Libre con 32.977 usuarios. Detrás se ubican Bancor (27.554 casos), Finanzas Digitales (19.182) y Naranja Digital (16.870). La nómina de los diez primeros puestos en cantidad de personas la completan el Banco Nación (12.684), Banco Macro (12.234), BBVA (9.696), Galicia (9.445) y Santander (7.911), extendiéndose luego a prestadores como Santander Consumer (6.991), Credicuotas Consumo (3.697) y Electrónica Megatone (3.695).
Este escenario refleja una dinámica de endeudamiento cruzado donde los hogares combinan financiamiento bancario tradicional con crédito no bancario de costo elevado para saldar gastos corrientes. Políticamente, el lanzamiento de «Alivio Cordobés» marca una contraposición explícita con la administración del presidente Javier Milei, la cual rechaza cualquier tipo de intervención estatal en contratos de deuda entre privados. Desde la óptica del Centro Cívico, el auxilio crediticio no constituye un subsidio directo ni una cancelación de capital, sino una medida de política económica destinada a evitar el colapso del crédito familiar y reactivar de manera indirecta el consumo en el comercio minorista local.
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