En un plenario decisivo y tras dos meses de inactividad en la Cámara baja, el oficialismo logró aprobar el proyecto insignia de Javier Milei que impone el mandato único de estabilidad monetaria y prohíbe el financiamiento al Tesoro. La norma fue girada al Senado para su tratamiento definitivo.
La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que reforma de manera integral la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con un resultado final de 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, el bloque oficialista conducido por Gabriel Bornoroni logró articular una mayoría clave tras acordar con el PRO, la Unión Cívica Radical, sectores de Provincias Unidas y legisladores referenciados en mandatarios provinciales. Entre los respaldos de gobernadores destacaron los aportes de Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Marcelo Orrego (San Juan) y Rolando Figueroa (Neuquén).
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo redefine los fines institucionales de la autoridad monetaria, restringiendo su misión a preservar exclusivamente el valor de la moneda local, bajo un esquema similar al implementado por el Banco Central de Reserva del Perú. Con este cambio, se eliminan formalmente los objetivos introducidos en la reforma del año 2012, que obligaban a la entidad a velar por la estabilidad financiera, la generación de empleo y el desarrollo económico con equidad social. A su vez, la norma establece la prohibición taxativa de emitir moneda para financiar el gasto público del Tesoro Nacional, provincias o municipios, cancelando de forma explícita el uso de adelantos transitorios y Letras Intransferibles.
Durante la sesión, La Libertad Avanza rechazó las modificaciones propuestas por bloques dialoguistas y opositores. En particular, la bancada oficialista ratificó la exigencia de una mayoría calificada de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso para poder remover a los miembros del directorio del BCRA, mecanismo diseñado para otorgar estabilidad a la gestión de Santiago Bausili pero cuestionado por la oposición por considerarlo un blindaje político. Tampoco se habilitó la votación por separado del artículo 13, el cual norma la inembargabilidad de las reservas internacionales y faculta al organismo a administrarlas a través de activos líquidos, depósitos, oro o utilizarlas como garantía en operaciones financieras propias.
El tramo de debate político estuvo marcado por cruces intensos entre las bancadas. Desde el oficialismo, diputados como Santiago Pauli y Santiago Santurio enfatizaron que la medida busca colocar «un candado» a la emisión monetaria para erradicar la inflación estructural. Por el contrario, el rechazo fue encabezado por Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Izquierda; voceros como Itai Hagman y Miguel Pichetto advirtieron que la norma despoja al Estado de herramientas macroeconómicas fundamentales para intervenir en etapas de recesión. Asimismo, legisladores cordobeses expresaron posiciones divididas: mientras el bloque afín a Llaryora acompañó en general, Natalia De la Sota votó en contra denunciando una mirada de ajuste, y Juan Brügge se abstuvo al señalar que la rígida desvinculación entre política monetaria y empleo va a contramano de organismos como la Reserva Federal de los Estados Unidos. La iniciativa avanza ahora al Senado en un escenario donde la oposición busca emplazar sesiones para debatir la morosidad familiar y la emergencia en discapacidad.
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