A 11 años de la primera movilización nacional, una multitud desafió las condiciones climáticas en Córdoba para exigir justicia por la adolescente asesinada. El documento final apuntó contra la matriz estatal y reclamó de forma directa la destitución del fiscal Garzón y el apartamiento de las autoridades de Seguridad.
La masiva concurrencia que ocupó las arterias del centro capitalino hasta confluir en las inmediaciones del Patio Olmos transformó el aniversario del #NiUnaMenos en un duro acto de interpelación a las estructuras del Estado cordobés. Encabezada por los abuelos y la tía de Agostina Vega, la movilización convirtió el rostro de la menor de 14 años en la bandera de un reclamo colectivo que excede los márgenes de la crónica policial. Los motivos de esta demostración de fuerza civil —desarrollada bajo una persistente lluvia— radicaron en canalizar la indignación comunitaria frente a lo que las organizaciones califican como una desatención institucional crónica, unificando el pedido de condena al femicida Claudio Barrelier con una impugnación global a los tiempos de respuesta de los efectores públicos.
Las causas del fuerte tono político que signó la lectura del documento consensuado combinan el malestar por la gestión de la búsqueda con la denuncia de un abandono presupuestario sistemático. Desde los micrófonos de la asamblea se exigió formalmente la destitución del fiscal de instrucción Raúl Garzón y la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, acusándolos de haber obturado la aplicación de los protocolos de localización inmediata durante las primeras 72 horas y de ejercer una posterior revictimización sobre el entorno familiar de la niña. Asimismo, los colectivos feministas asociaron el desenlace de Agostina con casos irresueltos como el de la estudiante Delicia Mamani Mamani, denunciando un sesgo «racista, misógino y patriarcal» en los tribunales locales que desprotege activamente a las mujeres de los sectores vulnerables.
El diseño de la protesta civil también guardó un párrafo de fuerte confrontación hacia el Gobierno nacional, al que responsabilizaron por el desmantelamiento de las redes de asistencia y el recorte de las partidas presupuestarias destinadas a los programas de prevención. Acompañados por referentes históricas del movimiento, como Maru Acosta, los familiares de la adolescente reclamaron que el financiamiento estatal se traduzca en herramientas territoriales concretas y no en declamaciones retóricas. Al exigir que la causa penal no quede en el olvido una vez que disminuya la atención de los medios de comunicación, la marcha de este miércoles consolidó un nuevo escenario de presión social sobre el Panal, transformando el duelo familiar en un mandato político para exigir reformas estructurales urgentes.
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