Fractura en el poroteo federal: las variables detrás del rechazo de Llaryora a la quita de la «Zona Fría» y el cálculo hacia el escenario electoral

La votación en la Cámara de Diputados de la Nación que habilitó la media sanción para reducir el alcance del régimen de Zona Fría (retrotrayendo el esquema de subsidios al modelo previo a 2021) ha consolidado la exclusión mutua de las estructuras políticas del gobernador Martín Llaryora y el presidente Javier Milei en este mayo de 2026. Al no otorgar quórum y unificar su rechazo en el recinto, el bloque del peronismo cordobés (Provincias Unidas) eligió profundizar la distancia con la Casa Rosada. La decisión estratégica del Panal busca aislar el costo político del incremento tarifario en la provincia —calculado en una suba del 50% para unos 600.000 usuarios cordobeses— y direccionarlo hacia los referentes locales de La Libertad Avanza de cara al armado de las listas para el próximo año.

La ingeniería del quórum: segmentación provincial y el rol del círculo rojo

La sesión dejó al descubierto la capacidad de negociación atomizada del Poder Ejecutivo nacional para fracturar la resistencia de las ligas de gobernadores. La obtención de los 129 legisladores para habilitar el debate respondió a factores metodológicos específicos:

• La compensación térmica por regiones: La Libertad Avanza logró la asistencia de bloques que responden a mandatarios del norte y de zonas andinas mediante promesas de compensación y subsidios específicos para las tarifas eléctricas en zonas de alta temperatura, logrando el acompañamiento clave de los diputados que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), además de la convalidación de los representantes de Santa Fe alineados con Maximiliano Pullaro.
• La posición técnica del empresariado local: En la propia provincia de Córdoba, el mandatario debió estructurar su reclamo de «asunto de Estado» sin el acompañamiento monolítico del círculo rojo comercial. El IERAL de la Fundación Mediterránea —dirigido por el exfuncionario Osvaldo Giordano— emitió un informe técnico que avaló la reducción geográfica del beneficio argumentando que la ampliación de 2021 había «desnaturalizado el objetivo original» elevando el costo fiscal nacional, limitándose a solicitar una transición tarifaria gradual.

El matiz de altos ingresos y la pulseada por la Ley Hojarasca

Frente a las objeciones cruzadas por la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, quien defendió el recorte señalando las asimetrías de subsidiar consumos suntuarios en sectores de altos recursos, Llaryora recalculó su posición discursiva en los medios. El gobernador introdujo el matiz de convalidar la eliminación del beneficio para los patrimonios más altos, pero bloqueó de forma tajante la afectación generalizada a los sectores medios y pymes residenciales. La preocupación nodal del Panal radica en evitar que el votante independiente identifique el próximo salto en la boleta del gas como una variable local de la prestataria provincial y no como una consecuencia directa de la política presupuestaria nacional.

La tensión parlamentaria entre el llaryorista Ignacio García Aresca y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, anticipó el tono de la campaña. Mientras el oficialismo nacional acusó a Córdoba de sostener regulaciones e impuestos distorsivos sobre las actividades productivas a través del debate de la Ley Hojarasca (la reforma de desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger), el peronismo cordobés replicó exigiendo la baja de las retenciones agropecuarias. Esta diferenciación se plasmó de forma nítida en las planillas de votación: a excepción de la media sanción general de Hojarasca —donde la cordobesa Alejandra Torres aportó el único voto positivo del espacio y el resto osciló entre la abstención y el rechazo—, el cordobesismo operó en sintonía con la oposición para desgastar la agenda legislativa de la Casa Rosada, sumándose incluso al pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.