La justicia que no ve el interior: por qué exigen investigar el caso Mamani como trata

La desaparición de Delicia Mamani en la zona rural del departamento Río Segundo, Córdoba, acaba de abrir una densa discusión procedimental en este primer trimestre de 2026. Tras semanas de una instrucción estancada en la justicia ordinaria de la provincia, la representación legal de la familia, respaldada por colectivos de derechos humanos y organizaciones de la comunidad migrante, formalizó el pedido para que la causa sea transferida de inmediato al Fuero Federal bajo la hipótesis penal de Trata de Personas. El reclamo no responde a un tecnicismo burocrático, sino que implica desmontar la lectura inicial del caso, cuestionar los sesgos de la justicia provincial y activar resortes institucionales que se diseñaron específicamente para enfrentar delitos complejos y transnacionales.

Para entender por qué la querella exige este cambio de rumbo, es necesario observar las dinámicas de la producción hortícola y quintera en el interior de Córdoba. El trabajo en el cinturón verde opera frecuentemente bajo lógicas de informalidad extrema, con viviendas precarias dentro de los mismos predios y un control estatal casi nulo que facilita el desarraigo y la incomunicación. A este aislamiento geográfico se suma la barrera migratoria; la pertenencia a la comunidad boliviana y la distancia con las redes institucionales de contención locales colocan a las víctimas en una situación de asimetría cultural que los tratantes suelen explotar para asegurar la impunidad. La principal crítica de los familiares apunta a que la fiscalía provincial activó protocolos estándar de búsqueda de personas de manera tardía, abordando el caso inicialmente bajo la sospecha de un conflicto familiar o una «fuga voluntaria», una inercia que suele hacer perder días de oro en las primeras etapas de la investigación.

La resistencia de los tribunales provinciales a desprenderse de las causas es un clásico de la burocracia judicial argentina, pero los recursos que se ponen en juego al federalizar una investigación marcan un quiebre absoluto en las posibilidades de hallar respuestas. Mientras la órbita ordinaria descansa en las divisiones locales de la policía provincial y en el rastreo de celdas telefónicas regionales, el Fuero Federal despliega el accionar de Gendarmería Nacional o la Policía Federal y habilita la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Esto permite el acceso directo a bases migratorias en frontera, la colaboración de equipos interdisciplinarios del Programa de Rescate y el uso de herramientas de escuchas federales en tiempo real, transformando una búsqueda de paradero en una pesquisa de criminalidad organizada.

Cuando el sistema judicial se ralentiza en la periferia de las grandes ciudades, la movilización comunitaria pasa a ser el único resorte capaz de mover los expedientes. El caso de Delicia Mamani expone un fenómeno recurrente donde las búsquedas en contextos de marginalidad rural solo se vuelven visibles cuando la comunidad se organiza para exigir que el Estado deje de tratar las desapariciones como meras historias privadas. Exigir la hipótesis de trata es, en última instancia, obligar a los jueces a mirar de frente las estructuras de explotación que sostienen a gran parte de la economía agrícola regional y evitar que el expediente termine archivado en el olvido de un juzgado de paz.