El escenario político nacional asiste a la consolidación de un nuevo actor de presión institucional. El Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), una liga transversal que ya nuclea a más de 40 alcaldes de 18 provincias, ha comenzado a articular una estrategia de confrontación directa con la Casa Rosada. El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, se ha posicionado como uno de los principales promotores y voceros de este espacio, que busca canalizar el descontento de las administraciones locales frente al recorte de transferencias y la parálisis de financiamiento central. La estrategia del «cordobesismo» contempla ahora trasladar el conflicto al plano legislativo, aprovechando posiciones clave en la Cámara de Diputados para forzar el debate sobre la redistribución de recursos.
El eje parlamentario y las demandas fiscales
A diferencia de los gobernadores, cuyas negociaciones colectivas con el Poder Ejecutivo han mostrado fisuras por intereses disímiles, los jefes comunales exhiben una mayor cohesión motivada por la urgencia de la demanda social directa. La hoja de ruta de la liga de intendentes se enfoca en tres proyectos concretos que presentarán ante el Congreso:
- Coparticipación del Impuesto a los Combustibles: Los municipios denuncian que durante el primer cuatrimestre de 2026 este tributo duplicó la inflación en términos de recaudación, pero los fondos quedaron retenidos por la Nación sin destinarse al transporte público del interior ni al mantenimiento vial.
- Distribución de los ATN: Exigen el giro inmediato de los Aportes del Tesoro Nacional que se encuentran acumulados y sin transferir a las provincias y municipios.
- Exención del IVA: Solicitan exceptuar del Impuesto al Valor Agregado a las contrataciones municipales, un ítem que representa el 9% del gasto total de las comunas.
Para viabilizar este paquete de leyes, el oficialismo cordobés cuenta con un activo estratégico en el Congreso: la diputada nacional Carolina Basualdo (PJ Córdoba), quien asumió la presidencia de la comisión de Asuntos Municipales. El bloque de intendentes —que integra a figuras de diversos signos políticos como Pablo Javkin (Rosario), Ulpiano Suarez (Mendoza) y Ariel Sujarchuk (Escobar)— planea desembarcar en dicha comisión para instalar la agenda local en el centro del debate parlamentario.
La disputa por el sentido del equilibrio fiscal
El documento firmado en Rosario expone un quiebre discursivo de fondo con la narrativa económica de Javier Milei. Si bien los alcaldes afirman compartir la meta del orden financiero, sostienen que el superávit nacional es «ilegal e inmoral» si se instrumenta mediante el despojo a las administraciones de cercanía. La respuesta institucional del municipalismo apunta a desmontar la caracterización de «degenerados fiscales» que emana de la Presidencia, argumentando que son los gobiernos locales quienes absorben el impacto del retiro del Estado nacional en áreas críticas como salud, educación y discapacidad.
Con esta movida, el intendente capitalino acelera un perfil federal que precedió incluso al endurecimiento discursivo del gobernador Martín Llaryora. Ante la falta de interlocutores válidos en la Casa Rosada tras la salida de figuras que articulaban el diálogo político, el municipalismo del interior apuesta a la institucionalización de su reclamo. La pulseada de fondo excede la coyuntura presupuestaria: representa el intento de Córdoba por liderar una liga federal de gestores territoriales que dispute la asignación de recursos frente a la concentración de la recaudación en el puerto.

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