Las razones del desborde: qué hay detrás del plan para rescatar a 60.000 estatales endeudados

La crisis del poder adquisitivo y el encarecimiento del crédito regulado han comenzado a cristalizarse en la calidad de la cartera minorista del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor). En un movimiento coordinado con el Centro Cívico, la entidad financiera oficial puso en marcha un agresivo plan de contingencia orientado a reestructurar los pasivos de los empleados públicos y privados que acreditan sus haberes en la institución. Los datos revelados por la conducción comercial del banco exponen un escenario de vulnerabilidad severo: unas 20.000 familias estatales registran hoy un nivel de endeudamiento que compromete más del 50% de sus ingresos mensuales, un indicador que en la jerga bancaria califica como una cartera con deterioro financiero crítico.

La anatomía de la deuda: el desborde plásticos

El diagnóstico trazado por el director comercial de la entidad, Claudio Monetto, permite desmenuzar cómo se compone la asfixia financiera de la clase media asalariada cordobesa en este 2026. De acuerdo con el análisis técnico, el problema estructural no radica en las líneas de préstamos personales de largo plazo —las cuales se encuentran mayormente contenidas bajo un esquema que no supera el 25% del salario— ni en el uso del adelanto de haberes, que opera como un paliativo de corto plazo con repago mensual automático.

El verdadero factor de desestabilización financiera es la deuda de la tarjeta de crédito (Cordobesa). Ante la pérdida de poder de compra frente a la inflación fija, miles de usuarios recurrieron de manera sistemática a la práctica de realizar el pago mínimo del resumen. Este mecanismo disparó los saldos financiados mediante intereses punitorios, generando débitos automáticos sobre las cajas de ahorro que terminaron por absorber los remanentes salariales destinados a los gastos de subsistencia, motivando incluso presentaciones judiciales de amparos que fueron rechazados in límine por los tribunales locales.

Las dos ventanillas de la asistencia financiera

Para contener la mora y evitar que el deterioro crediticio afecte la liquidez de la banca pública, Bancor estructuró dos canales diferenciados de intervención según la gravedad del cliente:

• Mora Preventiva (Reprogramación): Diseñada para usuarios que aún no han caído en cesación de pagos pero anticipan la imposibilidad de afrontar el resumen de la tarjeta. Ofrece plazos de hasta 60 meses con tasas de interés escalonadas (55% hasta 18 meses, 60% hasta 26 meses y 70% hasta el plazo máximo). El beneficio central de esta opción es que mantiene el plástico activo para consumos esenciales, bajo una adecuación de los límites de compra.
• Sobreendeudamiento Crítico (Refinanciación): Destinado a sanear las cuentas de los 20.000 agentes públicos con más de la mitad del sueldo afectado. Consiste en la unificación de toda la deuda —tarjeta de crédito, préstamos personales y adelantos— en un único nuevo préstamo consolidado a un plazo fijo de 36 meses y con una tasa subsidiada del 45%. El objetivo metodológico es forzar que la relación cuota-ingreso retroceda a niveles sanos de entre el 35% y el 40%.

La dimensión del rescate financiero se mide en su volumen de ejecución. Desde el inicio de las mesas técnicas con los tres poderes del Estado en marzo, la entidad ya concretó más de 40.000 reprogramaciones. La estrategia oficial busca actuar como un amortiguador social interno que evite el colapso de la cadena de pagos en la economía real de la provincia. Al garantizar un remanente líquido disponible en las cuentas sueldo, la gobernación busca preservar niveles mínimos de consumo en el comercio minorista local, entendiendo que el ordenamiento de las finanzas de los estatales es una condición necesaria para sostener la paz social en un segundo semestre que continuará bajo la presión de la recesión nacional.