La discusión sobre las condiciones de vida en el interior del país ha ingresado en una disputa conceptual de fondo. El Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) avanza en el diseño final de su Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), una herramienta estadística estructurada por un equipo interdisciplinario de más de 30 investigadores. La iniciativa se presenta como una respuesta técnica a las mediciones tradicionales del Indec, cuyo sesgo unidimensional —basado exclusivamente en los ingresos monetarios frente a la Canasta Básica Total— es cuestionado por los especialistas al considerar que subestima las privaciones estructurales y está sujeto a la volatilidad de la inflación y la informalidad laboral.
Las 7 dimensiones del nuevo mapa social
A diferencia del indicador oficial, que clasifica a un hogar como pobre o no pobre según una línea de corte económica mensual, la metodología de la UNC propone evaluar de forma directa el acceso efectivo a derechos y bienes durables. El índice definitivo constará de 27 indicadores seleccionados bajo consenso científico y validación social, agrupados en siete dimensiones críticas:
- Infraestructura y Hábitat: Evalúa las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios públicos y equipamiento urbano, y la calidad ambiental del entorno.
- Desarrollo Humano y Social: Contempla el nivel de educación, el acceso integral a la nutrición, bienestar y salud, y la dimensión de comunidad y equidad social (que incorpora variables inéditas como violencia de género, discriminación y seguridad comunitaria).
- Inclusión Económica Estructural: Releva la estabilidad en el empleo, el acceso a la seguridad social, el peso del gasto alimentario en el presupuesto familiar y la brecha digital, una variable clave en el escenario sociolaboral de 2026.
La principal crítica del coordinador del proyecto, Adrián Moneta Pizarro, radica en que la medición por ingresos genera distorsiones metodológicas. Por un lado, cataloga como «no pobres» a hogares que superan circunstancialmente la línea de ingresos mediante changas extraordinarias pero carecen de agua corriente o educación básica. Por el otro, califica como «pobres» a familias con capital estructural consolidado (vivienda propia, profesionales) que atraviesan una caída transitoria de ingresos.
El factor territorial y la articulación con el Panal
El desarrollo del indicador ingresará en su etapa definitoria durante el mes de junio, cuando se despliegue un operativo de campo sobre una muestra de entre 1.300 y 1.400 hogares. La fortaleza metodológica del diseño radica en que el muestreo tendrá representación provincial efectiva, evitando el histórico sesgo de limitar los relevamientos al Gran Córdoba para captar la realidad de las economías regionales del interior. Los primeros resultados consolidados estarán disponibles entre julio y agosto.
La trascendencia del IPM trasciende las fronteras de la Ciudad Universitaria. En un contexto de fuerte restricción presupuestaria para el sistema universitario nacional, el financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC ha permitido blindar un proyecto que ya despertó el interés del Centro Cívico. El equipo técnico mantiene conversaciones con la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia para evaluar la viabilidad de adoptar este indicador multidimensional como una herramienta de medición oficial permanente.
Para la gestión de Martín Llaryora, la validación de un índice de estas características representa un insumo estratégico de doble impacto. En el plano de la gestión, permite optimizar el direccionamiento de la asistencia social hacia las carencias estructurales específicas de cada comuna; en el plano político, le otorga al «cordobesismo» un argumento técnico de base científica para confrontar la narrativa económica de la administración libertaria, demostrando que la desaceleración inflacionaria celebrada por la Casa Rosada no se traduce de forma automática en una salida real de la postergación social.

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