La aprobación de 74 designaciones de magistrados en la Cámara Alta reavivó la violenta interna entre Karina Milei y Santiago Caputo por el control de los tribunales. El aval a una candidata emparentada con el periodismo de investigación detonó la furia del jefe de Estado y expuso la autonomía de la ministra de Seguridad.
La vertiginosa velocidad con la que el Ministerio de Justicia —conducido por Juan Bautista Mahiques— avanza en la cobertura del 37% de las vacantes en los tribunales federales responde a una necesidad estratégica de autoprotección, pero colisionó con las obsesiones discursivas de la cúspide libertaria. La aprobación en el Senado de un paquete masivo de 74 pliegos judiciales se transformó en el escenario de una severa disputa de poder entre el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los motivos del quiebre radicaron en la inclusión de María Verónica Micheli, candidata a jueza federal en La Plata y cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La filtración de este nombre, detectada y utilizada por Caputo para desgastar la influencia de Mahiques ante los ojos del mandatario, encendió las alertas de Javier Milei, quien mantiene una abierta confrontación con la prensa independiente.
Las causas de la fractura expusieron un inédito desacato por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se negó de forma taxativa a acatar la orden de la Casa Rosada para retirar la postulación de Micheli. En una demostración de autonomía política que alteró los planes de control de daños de Balcarce 50, Bullrich operó activamente en la Cámara Alta para conseguir el dictamen de comisión y garantizar la posterior votación en el recinto. Ante la consumación del trámite legislativo, el Presidente hizo trascender su decisión de apelar a una herramienta restrictiva excepcional: negarse a firmar el decreto de designación definitivo, una maniobra que cuenta con un solo antecedente desde la reforma constitucional de 1994, cuando Cristina Fernández de Kirchner congeló el nombramiento del juez Juan Manuel Yalj tras la detención del sindicalista Rubén «Pollo» Sobrero.
Mientras la reforma de la estructura judicial avanza a paso firme mediante acuerdos previos con el peronismo y el macrismo en el Consejo de la Magistratura para colonizar puestos clave como la Cámara Federal, el frente interno del oficialismo acumula factores de vulnerabilidad patrimonial. En los pasillos de los tribunales de Comodoro Py, la intriga se concentra en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien continúa demorando la presentación de su declaración jurada debido al avance de una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito. Los investigadores, coordinados por la fiscalía de Gerardo Pollicita, rastrean la trazabilidad de fondos ocultos en cool wallets de criptomonedas y los detalles de la reciente venta de su propiedad de la calle Asamblea; una presión financiera que coincide con el inicio soterrado de la carrera presidencial hacia 2027, donde la fragmentación del electorado ya tienta a figuras exóticas del plano corporativo y religioso.
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