El intendente de Córdoba asumió la máxima responsabilidad política tras revelarse que el femicida de Agostina Vega era empleado municipal del área de tránsito. Presionado por un aluvión de denuncias internas, el jefe comunal ordenó purgar el gabinete, exigir antecedentes penales cada seis meses y forzar la salida del polémico concejal.
La contundente declaración pública del intendente Daniel Passerini, en la que se autoproclamó como el «máximo responsable» del quiebre institucional, responde a la necesidad de contener un escándalo que amenaza con corroer los cimientos del Palacio 6 de Julio. La revelación de que el principal sospechoso del femicidio, Claudio Barrelier, se desempeñaba en la dirección de Tránsito tras haber sido contratado mediante el padrinazgo directo del oficialismo, obligó al Ejecutivo a abandonar la estrategia del silencio. Los motivos de esta drástica asunción de culpa radican en el colapso de los filtros estatales: el jefe comunal admitió que los sistemas de control administrativo fracasaron de forma flagrante, al tiempo que reconoció haber recibido más de 200 denuncias anónimas que alertan sobre la presencia de otros agentes municipales con condenas penales vigentes prestando funciones en diversas áreas operativas.
Las causas de las urgentes reformas regulatorias anunciadas por el intendente combinan la emergencia política con la urgencia de limpiar la imagen de la gestión pública. Para cortar de raíz las sospechas de connivencia, Passerini enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que endurecerá de forma drástica el control del personal: la obligación de presentar el certificado de antecedentes penales pasará de requerirse cada cuatro años a exigirse cada seis meses, aplicándose de manera universal a todas las categorías de revista y sumando la obligatoriedad del narcotest. La medida busca desarticular los canales informales de contratación que permitieron el ingreso de Barrelier, quien ya arrastraba un proceso penal en 2025 por privación ilegítima de la libertad y cuyo entorno legal continuaba ligado al riñón profesional de las 62 Organizaciones Peronistas.
El trasfondo de la eyección legislativa de Ricardo Moreno desnudó la trama de presiones y resistencias que se vivió en la cúpula del peronismo de la Capital. Ante la evidencia del vínculo político, Passerini le exigió la renuncia a la banca de manera directa, pero Moreno la rechazó argumentando derechos políticos. Ante la negativa, el Palacio municipal ejecutó una compleja carambola administrativa: ordenó el regreso inmediato al recinto de Raúl La Cava, quien renunció a la Secretaría de Políticas Sociales para retomar su escaño titular. De este modo, al caerse la cadena de licencias que en su momento le había permitido a Moreno acceder a la banca como suplente, el oficialismo logró desplazar de forma automática al cuestionado dirigente gremial, intentando clausurar la crisis con un fuerte costo interno pero resguardando la primera línea del gabinete de Martín Llaryora.
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