La citación de la Justicia Federal al exlíder de la UCR Córdoba por presuntas irregularidades vinculadas a prestaciones de salud desató un inmediato operativo de distanciamiento entre el juecismo y el radicalismo. El oficialismo provincial capitalizó el silencio de la minoría y exigió pedidos de informes y el apartamiento de su cargo en el Tribunal de Cuentas.
El drástico aislamiento político que padece el exparlamentario nacional Marcos Carasso dentro del principal frente opositor de Córdoba responde a una necesidad de supervivencia y control de daños de los liderazgos locales de cara al escenario electoral. Tras formalizarse su imputación en los tribunales federales en el marco de una investigación que incluyó allanamientos en su domicilio particular y en sus dependencias oficiales, las principales terminales de Juntos por el Cambio activaron un severo cordón sanitario. Los motivos de esta orfandad repentina radican en la vulnerabilidad de una alianza parlamentaria cruzada por recelos previos, donde tanto el núcleo duro de la Unión Cívica Radical ($UCR$) como el Frente Cívico de Luis Juez optaron por deslindar responsabilidades corporativas antes de quedar salpicados por las derivas de la causa.
Las causas del cruce de acusaciones sobre la paternidad política del funcionario exponen las tensiones subyacentes entre el juecismo y el sector del radicalismo referenciado en Rodrigo de Loredo. Mientras que el jefe de la bancada de diputados nacionales apuró declaraciones para aclarar que Carasso «no está en el cargo por nosotros» y le tiró la responsabilidad directa a Luis Juez por haberlo integrado a la estructura del Tribunal de Cuentas, desde el entorno juecista el legislador Walter Nostrala devolvió la autoría alegando que el dirigente ocupó la candidatura a vicegobernador en 2023 en su condición de presidente formal de la UCR. Este pase de facturas revela el quiebre definitivo de los compromisos de lealtad interna ante expedientes de alta sensibilidad pública, transformando al exintendente de General Cabrera en un fusible prescindible para ambas estructuras.
El trasfondo de este repliegue opositor ofreció una ventana de oportunidad inmediata para el bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba en el Poder Legislativo. La bancada que responde al Ejecutivo provincial, comandada por Facundo Torres, contrastó la veloz «carrera por el micrófono» que exhibió la oposición frente a recientes crisis del Estado con el hermetismo corporativo que impusieron tras el allanamiento del órgano de control. Al sumarse el pedido formal de apartamiento preventivo impulsado por la legisladora Karina Bruno, el peronismo cordobés busca maximizar el costo político de la minoría, forzando un debate parlamentario que exponga las contradicciones discursivas de una coalición que, ante la primera imputación de peso, eligió la fragmentación y el reproche cruzado.
Más historias
Estrategia electoral 2027: las alianzas de La Libertad Avanza con los gobernadores del centro
Los alcances de la reforma del BCRA y la eliminación de las metas de empleo
El dilema de las Zonas Frías: Por qué la política energética de la Casa Rosada incomoda al bloque del centro