Por qué el anticipo financiero de Milei reaviva el debate sobre la deuda en dólares de Córdoba

El adelanto de $400.000 millones otorgado por el Gobierno de Javier Milei tensionó al máximo el escenario político en Córdoba. Mientras el radicalismo y el juecismo denuncian que los fondos revelan un estado de «quiebra» provincial, arrecian las demandas para que el dinero se destine a los jubilados y no a la campaña del peronismo.

La oficialización del auxilio financiero por $400.000 millones otorgado por la Casa Rosada al gobierno de Martín Llaryora ha terminado por dinamitar el discurso de la «isla cordobesa». Para el arco opositor, la resolución plasmada en el Decreto 584/2026 no es un mero trámite de asistencia técnica, sino la prueba fehaciente de que las finanzas de Córdoba se encuentran en un estado crítico y de que el mentado superávit fiscal del cordobesismo es, en realidad, una construcción de marketing político. La disyuntiva planteada en los pasillos de la Legislatura es unánime: si la provincia realmente tiene sus cuentas ordenadas, ¿por qué debió acudir a un salvataje de emergencia de la Nación?

La embestida contra el Centro Cívico sumó fuertes reclamos en torno a uno de los puntos más sensibles de la administración provincial: el sistema previsional. El legislador radical Miguel Nicolás exigió formalmente que este anticipo financiero de libre disponibilidad sea direccionado de manera prioritaria a paliar el déficit crónico de la Caja de Jubilaciones para recomponer los haberes de los pasivos provinciales. Nicolás acusó al oficialismo de malgastar recursos en «gastos superfluos» y advirtió sobre el peligro de que los fondos nacionales terminen siendo desviados por Llaryora y el intendente Daniel Passerini hacia «beneficios electoralistas» en la capital provincial, en lugar de atender la emergencia previsional.

Estructura bajo la lupa: «Están pidiendo asistencia financiera a la Nación que hay que devolver. Nunca se hizo el ajuste: seguimos con 15 ministerios, agencias, entes descentralizados, gastos reservados, nombramientos a mansalva y una pauta publicitaria obscena», denunció Walter Nostrala (Frente Cívico), apuntando al costo de la estructura del Estado provincial.

En paralelo, la oposición dura ha puesto el foco sobre las contradicciones de la dialéctica llaryorista. Desde los sectores alineados con el Gobierno nacional, la dirigente radical Soledad Carrizo (vocal del Inaes) remarcó la inconsistencia del oficialismo local, que «pasó meses diciendo que Milei no ayudaba a Córdoba» para terminar recurriendo a la propia Casa Rosada cuando las cuentas comenzaron a apretar. Asimismo, desde el bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala alertó sobre el complejo panorama que se proyecta para el próximo año fiscal: la alta exposición de deuda en dólares de la provincia y los pesados vencimientos fijados para 2027, un escenario que, según el juecismo, condicionará severamente el arranque de la próxima gestión gubernamental.

Aunque con un matiz diferente, incluso las voces de la oposición tradicionalmente críticas de las políticas de ajuste del presidente Milei coincidieron en que el auxilio revela un estado de fragilidad oculta. El legislador radical Dante Rossi consideró positivo el ingreso de los fondos, pero remarcó que el anticipo demuestra que la economía de Córdoba «no es robusta». Rossi aprovechó el debate para exigirle a la Nación que regularice los giros estructurales que legalmente le corresponden al distrito y que continúan pisados por la gestión libertaria, tales como los fondos para el déficit de la Caja de Jubilaciones, la obra de mantenimiento en rutas nacionales y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).