La combinación de empleo informal, salarios deprimidos y un acceso desregulado a créditos no bancarios ha configurado un preocupante escenario de asfixia financiera para las nuevas generaciones en Argentina. Según un relevamiento de la consultora EcoGo basado en datos del Banco Central, el 38,2% de los deudores de hasta 24 años se encuentra en situación de mora, registrando atrasos de pago superiores a los 90 días. Se trata de un universo de 528.000 jóvenes que, en promedio, arrastran una deuda impaga individual de $1.015.000, lo que totaliza un rojo irregular de $536.000 millones en este segmento. El fenómeno de la morosidad juvenil duplica el promedio general de los hogares argentinos, que se ubicó en un récord del 15,9% en mayo, y expone la vulnerabilidad de una franja de la población que recurre de forma habitual a plataformas fintech, aplicaciones de financiamiento rápido y fideicomisos que exigen mínimos requisitos pero aplican tasas de interés asfixiantes.
La progresión de la morosidad según las diferentes franjas etarias expone que, si bien el porcentaje de incumplimiento tiende a descender con los años, el volumen del dinero adeudado se incrementa de forma significativa a medida que se accede a líneas de financiamiento más complejas. Mientras los menores de 25 años lideran la mora con el mencionado 38,2%, el segmento de 25 a 34 años registra un 33,8% de atrasos con un saldo promedio de $2,1 millones. Entre los 35 y 44 años la irregularidad baja al 28,3% con deudas medias de $3,3 millones, mientras que el grupo de 45 a 54 años presenta el nivel de deuda promedio más alto con $3,7 millones, pese a que su tasa de morosidad desciende al 22,8%. Finalmente, los adultos mayores muestran los indicadores más estables, con un 18,4% de mora entre los 55 y 64 años, y un piso del 15,6% para el segmento de pasivos de entre 65 y 74 años.
El endurecimiento de la crisis de deuda en los hogares responde directamente a un cambio drástico en las variables macroeconómicas entre 2024 y 2026. Con la desaceleración de la inflación anual, que descendió del 121% al 31%, desapareció el histórico efecto de licuación de las cuotas en pesos, al tiempo que el costo financiero se disparó en términos reales. Las tasas reales de los préstamos personales escalaron del 4% al 40%, mientras que los recargos por financiamiento con tarjetas de crédito treparon del 21% al 60%. Esta pinza económica provocó que el peso de los compromisos financieros dentro del presupuesto familiar casi se duplicara en los últimos dos años, pasando de representar el 17% de la masa salarial de los hogares a comprometer casi el 30% de los ingresos totales en la actualidad, en un contexto donde el 50% de los empleados privados registrados percibe ingresos inferiores a los $1,3 millones de pesos de bolsillo.
Frente a este escenario, los diagnósticos políticos y técnicos exponen una profunda grieta de interpretación. Desde el Gobierno nacional, el vocero presidencial Adrián Ravier atribuyó el incremento de la morosidad a problemas de educación financiera y consideró que se trata de una fricción normal dentro de un proceso de recuperación del crédito, al tiempo que el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que no se contemplan salvatajes estatales para los deudores en mora. En la vereda opuesta, los analistas de EcoGo advierten que con tasas de interés reales tan elevadas, salarios de bolsillo estancados y un marcado pesimismo social —donde el 55% cree que lo peor de la crisis aún no ocurrió—, la carga financiera seguirá presionando sobre el consumo doméstico y la mora tardará varios meses en encontrar un techo de estabilización.

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