La crisis de representatividad en Córdoba: las grietas de un sistema legislativo opaco y sin controles

La imputación por abuso sexual de un excolaborador del oficialismo provocó la licencia del legislador Ramón Flores y reabrió el debate por el uso discrecional de más de mil contratos públicos en la Unicameral.

El impacto institucional en la Legislatura de Córdoba volvió a alcanzar un punto de máxima tensión tras conocerse la imputación y detención de José Aníbal Ricardo Villarreal en una causa que investiga el abuso sexual con acceso carnal contra al menos tres menores de edad en Villa de María del Río Seco. La fiscal Analía Cepede encabeza un expediente que ya cuenta con 11 detenidos y que amenaza con sumar nuevas víctimas, exponiendo una trama de profunda vulnerabilidad social e indigencia en el norte provincial. Sin embargo, el caso trascendió el plano estrictamente penal para transformarse en un severo conflicto político: Villarreal no solo realizaba tareas como jornalero en los campos privados del legislador peronista Ernesto Ramón «Cañito» Flores, sino que desde finales de 2023 figuraba formalmente como asesor contratado en la nómina del Poder Legislativo cordobés.

La revelación de esta vinculación laboral activó la respuesta habitual dentro del recinto parlamentario: el deslinde de responsabilidades y el intento de encapsular el hecho como una conducta individual ajena a la institución. Ante la creciente presión mediática y de los bloques opositores —con posturas firmes como la planteada por la legisladora radical Brenda Austin—, el peronismo terminó por ceder para contener el costo político, logrando que el propio Flores comunicara su pedido de licencia en la Unicameral. No obstante, la salida temporal del exintendente de Villa de María del Río Seco deja al descubierto una problemática estructural que la dirigencia política cordobesa ha evitado auditar de manera sistemática: los criterios de selección, la idoneidad y la falta de mecanismos de control sobre una masa de contratados que supera los 1.050 asesores para un cuerpo de apenas 70 legisladores.

Este episodio no representa una anomalía aislada dentro del funcionamiento de la Unicameral, sino que se suma a antecedentes recientes que exponen la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. Hace menos de dos años, la detención del dirigente Guillermo Kraisman por intentar cobrar el sueldo de una persona contratada de la que se desconocía el origen de su nombramiento provocó un cimbronazo similar que tampoco derivó en reformas de fondo ni en la depuración de los listados. Pese a que el trabajo parlamentario requiere de especialistas técnicos y territoriales legítimos, la recurrencia de estas irregularidades demuestra cómo el sistema de «conchabos» y militancia paga se sostiene sobre un pacto implícito de silencio cruzado entre las bancadas, donde la opacidad en la publicación de las nóminas de empleados solo cede cuando la presión judicial e informativa vuelve insostenible el blindaje institucional.