Por qué la puja por los subsidios enfrenta a las provincias y expone las fisuras del armado oficialista

La estrategia del Poder Ejecutivo de recortar el beneficio por zona fría para financiar un esquema de zona cálida reabre un conflicto federal de redistribución de recursos. La medida genera tensiones con gobernadores aliados y amenaza con trabar la agenda legislativa en la Cámara Alta.

El reordenamiento de los subsidios a la energía impulsado por el Gobierno nacional abrió un nuevo frente de conflicto en la relación entre la Casa Rosada y las provincias. La iniciativa de eliminar los beneficios del régimen de «zona fría» a más de tres millones de usuarios de gas natural en el centro del país —incorporados mediante la ampliación normativa de 2021— busca generar un ahorro fiscal estimado en 272 mil millones de pesos anuales. Para viabilizar la medida en el Congreso, las autoridades del Ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete promovieron un acuerdo con los mandatarios del Norte Grande, garantizándoles a cambio una compensación focalizada en las tarifas eléctricas durante la temporada estival en las denominadas «zonas cálidas».

Este esquema de compensaciones cruzadas alteró la dinámica de alianzas que el oficialismo procuraba consolidar en el Parlamento. La pérdida de los incentivos tarifarios afecta no solo a distritos gobernados por la oposición, sino también a jurisdicciones clave cuyo apoyo resulta indispensable para el tratamiento de otras iniciativas de ley. Las señales de advertencia emitidas desde el propio bloque oficialista en el Senado reflejan el temor a que el descontento de provincias perdedoras en el reparto —como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Juan— termine obturando la construcción de mayorías. Al redefinir la política energética bajo la lógica de transferir recursos de un grupo de usuarios a otro, la gestión central reaviva el debate sobre el federalismo fiscal y expone los límites políticos de la consolidación presupuestaria en el Congreso.