La frustrada sesión especial para tratar la interpelación y eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso la primera gran fisura estratégica en el bloque de legisladores nacionales de Córdoba. Mientras el schiarettismo puro se mostró en el recinto para escenificar su rechazo a las falsedades patrimoniales del funcionario, el sector ligado directamente al gobernador Martín Llaryora vació sus bancas, abriendo un fuerte debate sobre si se trató de una descoordinación real o de un doble juego ensayado.
La fallida convocatoria en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el oficialismo logró desactivar el quórum gracias al auxilio estratégico del PRO y la Unión Cívica Radical, alteró el ecosistema político de Córdoba. La difusión de una fotografía institucional que mostraba al exgobernador Juan Schiaretti junto a los diputados Carlos Gutiérrez y Juan Brügge en sus bancas buscó consolidar la imagen de una oposición frontal contra la mentira institucional de la Casa Rosada. Sin embargo, la contracara de esa postal fue el fuerte impacto político que provocaron las ausencias de los legisladores alineados con la estructura del Centro Cívico provincial, quebrando la tradicional disciplina de bloque que caracteriza al peronismo cordobés.
Los motivos de esta llamativa división radican en la coexistencia de dos agendas de supervivencia política diferenciadas dentro del propio oficialismo provincial. Por un lado, el schiarettismo busca perfilarse como una alternativa nacional de centro, lo que le exige tomar distancia de los escándalos éticos de la gestión de Javier Milei. Por el otro, la mesa chica de Martín Llaryora optó por el pragmatismo de la gestión territorial; el gobernador se mantuvo en estricto silencio bajo el argumento de que el conflicto pertenece exclusivamente a las esferas del Parlamento y la Justicia Federal. Esta postura técnica, que en la práctica se tradujo en llamativos «faltazos» por razones de salud o problemas familiares de diputados clave como Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo, le permite al Panal acumular valioso crédito político ante la Casa Rosada de cara a futuras negociaciones presupuestarias y electorales.
Las consecuencias de este doble estándar no tardaron en generar fuertes turbulencias internas, provocando el quiebre del discurso unificado y la inmediata reacción del peronismo refractario al gobierno nacional. La diputada Natalia de la Sota cruzó con dureza a sus propios compañeros de bancada, acusándolos de emitir comunicados «de alto volumen» en las redes sociales para luego, al momento de levantar la mano, ser funcionales a las necesidades del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. La justificación del llaryorismo —que argumenta que el quórum ya estaba caído por la decisión previa de los bloques mayoritarios de la oposición dialoguista— no logró disipar la lectura de una capitulación táctica en el recinto.
El impacto definitivo de la sesión frustrada redefine la relación de fuerzas dentro del «cordobesismo» y pone en duda su histórico funcionamiento como un tándem previsible. Al habilitar una virtual libertad de acción que terminó beneficiando de forma directa a la Libertad Avanza, el peronismo de Córdoba demostró que la sintonía fina entre Schiaretti y Llaryora empieza a mostrar fisuras cuando las urgencias de la gestión económica provincial colisionan con la construcción de un perfil opositor a nivel nacional.
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