A un mes del crimen que conmocionó a Córdoba, el fiscal Raúl Garzón levantó el secreto de sumario y consolidó la acusación contra Claudio Barrelier por homicidio triplemente agravado. La justicia descarta hipótesis de redes delictivas complejas en el asesinato directo, pero mantiene bajo arresto a dos allegados por encubrimiento y abre una investigación paralela sobre un boliche local.
La investigación judicial por el femicidio de Agostina Vega, la joven desaparecida el pasado 23 de mayo en el barrio General Mosconi, ingresó en una fase de definiciones tras cumplirse los primeros treinta días del hecho. Con el levantamiento de las restricciones procesales, la fiscalía de instrucción ratificó su teoría del caso y delineó el recorrido del horror. La reconstrucción oficial determina que la víctima ingresó con vida a una vivienda del barrio Cofico mediante un viaje en remís y nunca volvió a salir de allí por sus propios medios. Los peritajes posteriores permitieron hallar los restos de la joven en un descampado de la zona sudeste de la ciudad de Córdoba, dando inicio a un complejo proceso de recolección de pruebas materiales y testimoniales.
Los motivos detrás de la firmeza de la fiscalía para sostener que Barrelier actuó en absoluta soledad durante la ejecución del crimen se basan en la línea temporal de las evidencias físicas colectadas dentro del inmueble de la calle Campillo. El imputado principal enfrenta cargos bajo las figuras de violencia de género, abuso sexual y alevosía, calificaciones que prevén de forma exclusiva la pena de prisión perpetua. El trasfondo del expediente revela que las sospechas que inicialmente apuntaron a tramas vinculadas con la trata de personas o venganzas de bandas dedicadas al narcotráfico carecen de sustento probatorio directo en la causa madre. La estrategia del Ministerio Público Fiscal se centró en aislar el acto del homicidio de cualquier otra dinámica delictiva externa para acelerar la elevación a juicio oral.
Las consecuencias de esta delimitación investigativa impactan directamente sobre el entorno del principal sospechoso, derivando en la detención de dos allegados imputados por encubrimiento agravado. Se trata de Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes, según los investigadores, no participaron en la planificación ni en la ejecución del femicidio, pero habrían desplegado maniobras para favorecer la impunidad de Barrelier en las horas posteriores. La acusación contra Andreani se sostiene en haber facilitado un automóvil Ford Ka negro que presumiblemente se utilizó para trasladar el cuerpo, vehículo que además fue lavado al día siguiente. Por su parte, Fassetta, quien pernoctaba de forma temporal en el garaje del domicilio del crimen, quedó bajo la lupa tras admitir que recibió un mensaje del propio femicida pidiéndole que no regresara esa noche porque tenía «cosas» que resolver.
El impacto definitivo de las revelaciones del sumario excede el marco del femicidio y abre un nuevo foco de conflicto institucional en la noche cordobesa. A partir de los testimonios surgidos en las declaraciones testimoniales, una trabajadora sexual denunció la existencia de redes de explotación y consumo de estupefacientes en un boliche denominado «Wachitas», local frecuentado habitualmente por los acusados. Ante la gravedad de la denuncia, el fiscal Garzón resolvió desglosar esas actuaciones y remitirlas a una fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual, abriendo un carril de investigación independiente que amenaza con revelar complicidades más allá del trágico destino de Agostina.

Más historias
Cadena de responsabilidades: las claves que expanden la causa en Villa de María del Río Seco
La integración cultural en Córdoba: el tejido socioeconómico tras la festividad de Urkupiña
Conflicto en el transporte: las claves del reclamo de la UTA a la Fatap y la expectativa por la conciliación