El pacto SEP-Llaryora: entre el auxilio inmediato y el laberinto de los «no remunerativos»

La firma del acuerdo salarial entre el Gobierno de Córdoba y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) cierra un capítulo de tensión, pero abre un escenario de análisis complejo sobre la calidad del salario estatal. En un contexto de asfixia inflacionaria, la gestión de Martín Llaryora logró destrabar la paritaria con una oferta que el gremio liderado por Sergio Castro define como «insuficiente pero necesaria». El acuerdo se apoya en un aumento global cercano al 40%, pero su verdadera columna vertebral es la inmediatez y el uso de sumas no remunerativas para sortear la falta de caja líquida.

Las claves del esquema: Efectivo ya, blanqueo después

La arquitectura del aumento revela una estrategia de «shock» inicial para calmar el malhumor social en las bases estatales:

• El factor inmediatez: Los empleados percibirán un 25% de forma casi automática a través de planillas adicionales. Esta celeridad fue la carta ganadora del Gobierno para obtener la aprobación en el plenario, entendiendo que el trabajador estatal prioriza el flujo de caja frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada.
• La trampa y solución de los «No Remunerativos»: El uso de sumas que no computan para aportes ni jubilaciones permite al Ejecutivo otorgar un monto mayor en mano con menor costo fiscal. La novedad política es el pedido del SEP a Bancor para que este adicional sea «intocable», evitando que las deudas bancarias o los débitos automáticos absorban el incremento antes de que llegue al consumo.
• Cláusula IPC y horizonte corto: A diferencia de otros años, la pauta es de corto alcance. Se aplicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde junio hasta diciembre, con una instancia de revisión en septiembre. Esto demuestra que ninguna de las dos partes se atreve a proyectar un escenario de estabilidad a largo plazo.

Ganancias marginales: Más allá del porcentaje

El acuerdo incluye «condimentos» que el SEP venía reclamando para desactiva focos de conflicto específicos:

1. Recategorizaciones: Más de 5.300 agentes cobrarán el retroactivo a enero, una deuda administrativa que funcionó como moneda de cambio para aceitar el acuerdo.
2. Hospitales y precarización: Se logró modificar el sistema de «altas por bajas», eliminando los contratos de apenas tres meses en el sector salud. Esta medida busca dar previsibilidad a una de las áreas más sensibles y combativas del Estado.
3. Jubilados y diferimiento: El gremio introdujo en el acta la necesidad de modificar el diferimiento jubilatorio y el artículo 58 (piso para pensionados), intentando que el alivio salarial derrame también hacia el sector pasivo, el más castigado por las últimas reformas previsionales.

En conclusión, el acuerdo SEP-Gobierno es un «pacto de tregua» en un campo de batalla económico minado. Llaryora consigue previsibilidad política para el segundo semestre y evita el conflicto en las calles, mientras que el gremio se lleva un incentivo superior al que están obteniendo otros sectores (donde los aumentos rondan apenas el 1%). Sin embargo, la proliferación de sumas no remunerativas sigue debilitando la estructura salarial a largo plazo y la Caja de Jubilaciones, dejando pendiente la discusión de fondo sobre la recomposición real del salario frente a una crisis que, según el propio Castro, sigue dejando a los trabajadores «lejos de llegar a fin de mes».