La Casa Rosada habilitó un adelanto de coparticipación de hasta 400.000 millones de pesos para Córdoba. En el Centro Cívico celebran el «entendimiento» político que desarma el discurso opositor y garantiza paz social, mientras el libertarismo local minimiza el acuerdo y lo adjudica a las urgencias de una provincia endeudada.
La firma del Decreto 584 por parte del Poder Ejecutivo Nacional ha materializado el primer entendimiento de fondo entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Martín Llaryora. A través de esta medida, la Casa Rosada autorizó un adelanto de coparticipación de hasta 400.000 millones de pesos de libre disponibilidad para Córdoba, reintegrable durante el año fiscal en curso y con una tasa del 15% anual. Para el llaryorismo, el desembolso representa mucho más que un alivio para las arcas provinciales ante la caída sistemática de la recaudación; constituye un reconocimiento de convivencia política que redefine el escenario electoral cordobés y desarticula la estrategia de confrontación de la oposición local.
La negociación, gestada bajo el nuevo clima político que imprimió el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, sentó en la misma mesa al «Colo», al ministro de Gobierno Manuel Calvo, al presidente de la Nación y al propio gobernador. El menú de discusión excedió el adelanto financiero de corto plazo, incorporando a la agenda los giros pendientes del Consenso Fiscal, las deudas de la Caja de Jubilaciones y las autorizaciones para nuevos endeudamientos provinciales y municipales. En el seno del peronismo cordobés interpretan que este flujo de recursos sepulta la hipótesis de una intervención hostil de la Casa Rosada sobre el distrito y ratifica la conveniencia mutua de un esquema de «ganar-ganar» entre dos mandatarios que, en definitiva, disputan y comparten el mismo universo de votantes.
La respuesta del espacio libertario cordobés no tardó en intentar relativizar el impacto político del anuncio. Desde el entorno del diputado nacional Gabriel Bornoroni argumentan que el auxilio financiero no responde a una alianza estratégica, sino a un trámite administrativo estándar otorgado a quince distritos dialoguistas bajo la justificación técnica de que Córdoba atraviesa necesidades transitorias de financiamiento. Los libertarios locales insisten en que el sello de La Libertad Avanza mantendrá sus aspiraciones de competir por la gobernación en el mediano plazo, buscando marcar distancia de una gestión provincial a la que describen como financieramente exigida. Sin embargo, en el plano estrictamente territorial, la falta de una alianza electoral libertaria para los comicios locales de Marcos Juárez expone la vigencia de una tregua tácita.
En términos prácticos de gestión, los fondos de libre disponibilidad equivalen aproximadamente a un mes de recaudación propia de la provincia. Esta bocanada de oxígeno financiero le permitirá a Llaryora sostener el ritmo de la obra pública y la inversión en infraestructura básica, pilares de su proyección nacional. Para los intendentes y jefes comunales cordobeses, el diseño del auxilio trae una particularidad metodológica: los recursos no se distribuirán mediante la fórmula de coparticipación tradicional, sino a través del Fondo Federal. Esto implica que el dinero estará estrictamente direccionado al financiamiento de proyectos de obras locales, blindando las arcas comunales pero impidiendo el desvío de los fondos para el pago de salarios o gastos corrientes corrientes.
Más historias
Estrategia electoral 2027: las alianzas de La Libertad Avanza con los gobernadores del centro
Los alcances de la reforma del BCRA y la eliminación de las metas de empleo
El dilema de las Zonas Frías: Por qué la política energética de la Casa Rosada incomoda al bloque del centro