El costo del ajuste: por qué el adelanto de $400.000 millones reavivó el debate por la deuda en dólares de Córdoba

Tras el anticipo de $400.000 millones de la Nación, la UCR, el Frente Cívico y los sectores liberales denunciaron que Córdoba está «quebrada» y que la ayuda de Javier Milei sepulta el histórico discurso del superávit fiscal y la independencia económica del peronismo cordobés.

La confirmación del auxilio financiero otorgado por la Casa Rosada a Córdoba a través del Decreto 584/2026 ha desatado una inmediata e intensa ofensiva de todo el arco opositor provincial. El adelanto de $400.000 millones —justificado técnicamente por la Nación para paliar «dificultades financieras transitorias»— se convirtió en el argumento principal de la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Cívico y el liberalismo para cuestionar el activo político más preciado del peronismo cordobés: la bandera de una provincia autónoma, solvente y con finanzas blindadas frente al poder central. Para la oposición, el pedido de fondos demuestra que la administración de Martín Llaryora padece un severo deterioro en sus cuentas públicas producto de una mala gestión estructural.

Desde el radicalismo, las críticas apuntaron a la inconsistencia entre la propaganda oficial de orden fiscal y la realidad de los números. El jefe del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, fue categórico al afirmar que este adelanto nacional «termina con la mentira del superávit fiscal», acusando al oficialismo de maquillar un fuerte endeudamiento, sostener tarifas eléctricas elevadas y mantener intervenida la Caja de Jubilaciones. En sintonía, el legislador Miguel Nicolás exigió que el dinero enviado por la Nación se destine prioritariamente a reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones para mejorar los haberes previsionales, en lugar de utilizarse con fines «electoralistas» para apuntalar la imagen pública de Llaryora y del intendente capitalino Daniel Passerini de cara a los próximos turnos electorales.

Por su parte, el Frente Cívico de Luis Juez focalizó su embate en el peso de la burocracia estatal y la vulnerabilidad de la deuda provincial en moneda extranjera. El legislador Walter Nostrala denunció que la estructura gubernamental —compuesta por 15 ministerios, 10 agencias y múltiples entes descentralizados— hace imposible un equilibrio genuino, transformando a Córdoba en «la provincia con los impuestos y tarifas más caras del país». Nostrala advirtió además sobre la alta exposición de la deuda en dólares de Córdoba y los abultados vencimientos proyectados para 2027, calificando la situación actual como parte de una «desastrosa herencia» tras casi tres décadas de administración peronista.

Desde la bancada liberal alineada con la Casa Rosada, el legislador Gregorio Hernández Maqueda respaldó la decisión del presidente Javier Milei de asistir a la provincia, pero condicionó la sustentabilidad de la ayuda a la implementación de reformas estructurales profundas. Sostuvo que sin medidas de transparencia y un achicamiento real del Estado cordobés, no habrá financiamiento que resulte suficiente. De este modo, lo que en el Centro Cívico se celebró inicialmente como un exitoso «entendimiento» político con la Jefatura de Gabinete nacional, ha terminado por abrir una grieta en la narrativa del cordobesismo, obligando al oficialismo a recalibrar su discurso de autosuficiencia en un escenario de fuerte recesión y alta dependencia de las decisiones de Balcarce 50.