El Observatorio de la Deuda Social advierte que la estabilización de las variables macroeconómicas convive con una degradación estructural del empleo. El crecimiento del sector microinformal, el desplome de los ingresos reales y la contracción del empleo público consolidan un modelo donde tener trabajo no garantiza salir de la pobreza.
El proceso de ordenamiento macroeconómico y ajuste fiscal que exhibe la administración nacional encuentra un severo contraflujo en las condiciones materiales de la población activa. Según el último documento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que analiza la estructura laboral urbana, el mercado de trabajo atraviesa una degradación silenciosa de sus trayectorias. El diagnóstico descarta una expulsión masiva hacia el desempleo abierto —el cual se mantuvo contenido en un 7,8% en el primer trimestre de 2026—, pero denuncia un fenómeno de «desintegración laboral sin desempleo», caracterizado por el traspaso de desocupados y asalariados formales hacia el cuentapropismo informal y el rebusque de baja productividad.
El análisis de las trayectorias ocupacionales revela la pérdida de dinamismo del empleo de calidad. El informe detalla que la proporción de desocupados que logró reinsertarse en el mercado como asalariado formal o público cayó del 24,1% al 19,6%, mientras que aquellos que debieron volcarse al autoempleo informal ascendieron al 29,5%. Esta pérdida de escalafón también afecta a quienes ya se encontraban integrados en el sistema registrado: el pasaje directo desde el empleo asalariado formal hacia el microinformalismo trepó al 6,2%. Esta dinámica explica por qué la tasa de desocupación no registra saltos abruptos, mientras que la informalidad laboral escaló al 44,2%, consolidando un esquema donde el Estado registra individuos ocupados pero los hogares acusan ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica.
La reconfiguración del mapa laboral expone una creciente asimetría de ingresos y desprotección social. Para el año 2025, el sector microinformal absorbió al 48,3% de los ocupados, en tanto que el empleo en el sector público sufrió una contracción material, pasando del 20,1% en 2023 al 16,7% en 2025. En términos de vulnerabilidad, la precariedad laboral alcanzó al 45% del total de los trabajadores de la economía, con picos críticos del 81,1% entre los asalariados de microestablecimientos. El impacto más severo se localiza en la capacidad de compra: los trabajadores informales perciben entre un 30% y un 40% menos de ingresos que el promedio regulado, lo que obtura cualquier posibilidad de movilidad social ascendente en las capas bajas y medias de la sociedad.
El informe de la UCA concluye planteando una tensión estructural entre los motores económicos de la gestión libertaria. El esquema actual beneficia a actividades de alta rentabilidad y fuerte sesgo exportador —como los recursos naturales, el sector financiero y los servicios empresariales— que exhiben planillas prolijas pero demandan escasa mano de obra directa. En contrapartida, los sectores de baja productividad, huérfanos de crédito interno y articulación estatal, operan como refugio precarizado de subsistencia. Los investigadores del Observatorio advierten sobre el riesgo de una «peruanización» de la estructura laboral, un espejo macroeconómico eficiente donde la baja inflación y el equilibrio fiscal conviven de manera permanente con una sociedad fragmentada y un 70% de informalidad laboral.

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