El convenio de infraestructura por 130.000 millones de pesos compromete el 12% del presupuesto de la Capital y habilita la retención automática de la coparticipación. El esquema expone la subordinación fiscal del intendente ante el Panal, en medio de tensiones salariales con el Suoem y el despliegue de la interna oficialista de cara a 2027.
La formalización del convenio «Para el Fortalecimiento y Desarrollo de Infraestructura y Servicios Públicos» entre el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini ha cristalizado la compleja asimetría fiscal que rige las relaciones entre la Provincia de Córdoba y su ciudad capital. Si bien el anuncio fue presentado desde las usinas oficiales como un ambicioso plan de inversión pública por 130.000 millones de pesos, la letra chica de la Ordenanza 13650 expone un esquema de financiamiento que condiciona de manera severa la autonomía financiera del Palacio 6 de Julio. El acuerdo obliga al Municipio a asumir el 30% del costo total de cada obra —incluyendo redeterminaciones de precios por inflación y modificaciones de proyectos— en un contexto de extrema fragilidad de las cuentas municipales, evidenciado por la reciente postergación del pago del medio aguinaldo a los empleados estatales.
La garantía de pago exigida por el Poder Ejecutivo provincial constituye el dato técnico más gravoso para la administración capitalina. Para blindar el cobro de ese 30% a su favor, la Provincia impuso la cesión de los recursos de coparticipación municipal regulados por la Ley 8663, quedando facultada a realizar retenciones automáticas directas ante cualquier retraso u omisión del erario local. A esta pérdida de margen de maniobra presupuestaria se suma una fuerte exención tributaria para las contratistas privadas afectadas a los proyectos: las empresas quedarán exceptuadas del pago de las tasas por Derecho de Inspección y Permisos de Corte. En los hechos, esta decisión representa un subsidio indirecto que absorbe la propia Municipalidad mediante la resignación de ingresos corrientes por recaudación de tasas.
El trasfondo político de la firma del convenio revela sutiles pero evidentes ruidos en la línea interna de la coalición oficialista. El lanzamiento del plan de obras fue centralizado de manera exclusiva por Llaryora en sus redes sociales, excluyendo a Passerini de la comunicación oficial, un movimiento interpretado en el ambiente político local como una sutil demostración de fuerza y subordinación hacia quien fuera su viceintendente. Días después, durante los actos por el 453° aniversario de la fundación de la ciudad, Passerini optó por recostarse sobre el ala territorial del peronismo cordobés, mostrándose junto a la vicegobernadora Myrian Prunotto y el ministro Miguel Siciliano, desde donde ensayó un discurso enfocado en la resiliencia institucional frente al escenario recesivo nacional.
La urgencia por acelerar la obra pública en el principal distrito electoral de la provincia responde a un estricto cálculo de supervivencia política para el binomio peronista. Los estrategas del oficialismo reconocen que el caudal de votos obtenido en la Capital durante el último turno electoral dejó un margen estrecho que podría comprometer la hegemonía del espacio de cara a los comicios legislativos y gubernamentales de 2027. Sin embargo, la paradoja del acuerdo radica en que, para intentar revertir ese desgaste electoral mediante asfalto y servicios, el Municipio debió convalidar un esquema de asfixia que debilita su relación con el Suoem y tensiona la paz social interna de la administración capitalina.
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