La unificación de proyectos contra el narcomenudeo otorga nuevas herramientas operativas a la gestión, mientras enciende las tensiones partidarias de cara a los posicionamientos electorales en la capital provincial.
La inminente sanción de la denominada ley antibúnkeres en la Legislatura de Córdoba redefine el mapa de atribuciones del Poder Ejecutivo en el combate contra el delito complejo y el narcomenudeo en el territorio provincial. La normativa, estructurada para dotar de un mayor protagonismo a los ministerios de Seguridad y de Justicia, busca unificar herramientas legales que agilicen el control de viviendas ocupadas y el desmantelamiento de estructuras asociadas a redes delictivas. Sin embargo, la centralidad jurídica del proyecto no agota su impacto en los aspectos técnicos de la prevención criminal; la medida actúa, en paralelo, como un fuerte catalizador en la discusión política interna del oficialismo cordobés y reaviva los cuestionamientos de los bloques de la oposición en la Unicameral.
La designación del Ministerio de Seguridad como una de las autoridades clave de aplicación de esta ley consolida la exposición pública de su titular, Juan Pablo Quinteros. Para diversos sectores integrados en la administración provincial, esta agenda legislativa representa un explícito respaldo político del gobernador Martín Llaryora hacia la figura del ministro, cuyo nombre ya circula en las mesas de análisis oficialistas como un potencial aspirante a la intendencia de la ciudad de Córdoba. Esta estrategia de instalar reformas asociadas al orden público y al control de la calle ya cuenta con antecedentes recientes, tales como las modificaciones al Código de Convivencia aprobadas a fines del año pasado y las restricciones a las actividades de cuidacoches y limpiavidrios sancionadas a inicios de 2026.
A pesar de la cohesión técnica en torno al proyecto, el plano partidario expone fisuras en la interna del oficialismo. Parlamentarios del sector tradicional del Partido Justicialista advierten que el protagonismo en la gestión de seguridad no se traduce de manera directa en un consenso orgánico de las bases territoriales, señalando que la militancia del PJ Capital aún observa con distancia una posible candidatura natural de Quinteros. En la vereda de enfrente, los bloques opositores de la Unión Cívica Radical y el PRO —que aportaron sugerencias a través de las iniciativas de los legisladores Oscar Saliba y Oscar Agost Carreño— adelantaron su voto afirmativo, pero enmarcaron el apuro legislativo en una reacción directa ante el impacto del femicidio de Agostina Vega, recriminando al Ejecutivo la falta de controles previos en la Nocturnidad. Por su parte, desde el bloque del Frente Cívico vinculan la sanción de la ley a un intento del oficialismo por sostener la figura del ministro ante las crecientes demandas ciudadanas en materia de inseguridad.
Más historias
Estrategia electoral 2027: las alianzas de La Libertad Avanza con los gobernadores del centro
Los alcances de la reforma del BCRA y la eliminación de las metas de empleo
El dilema de las Zonas Frías: Por qué la política energética de la Casa Rosada incomoda al bloque del centro