La postergada primera sesión del año en la Cámara de Alta de la provincia de Buenos Aires expuso a cielo abierto la profunda crisis de conducción que atraviesa el oficialismo. La negativa a tratar sobre tablas los proyectos de emergencia social presentados por el senador y alcalde en licencia de José C. Paz, Mario Ishii, desencadenó un violento choque contra la vicegobernadora Verónica Magario, potenciado por duras críticas de Sergio Berni hacia la parálisis legislativa y la gestión de Axel Kicillof.
El retorno a la actividad del Senado bonaerense, tras seis meses de inactividad, lejos de encauzar la agenda legislativa de la provincia, funcionó como el catalizador de una interna feroz dentro de las filas del Partido Justicialista (PJ). La frustrada negociación en la reunión de Labor Parlamentaria para habilitar de forma directa los proyectos de emergencia alimentaria y sanitaria impulsados por Ishii dinamitó los puentes internos del bloque oficialista. El debate en el recinto no tardó en mutar desde los argumentos técnicos de la oposición —que exigió respetar los acuerdos parlamentarios y girar las iniciativas a comisión— hacia un duro pase de facturas interno que desnudó la distancia existente entre los barones del Conurbano y la conducción del Poder Ejecutivo provincial.
Los motivos de esta rebelión interna radican en la creciente presión social que absorben los municipios del Gran Buenos Aires y los cuestionamientos directos al despliegue territorial del gobernador Kicillof. En su encendido discurso, Ishii denunció que la discusión política abstracta tapa un Conurbano «que se está incendiando», con hospitales municipales desbordados y proliferación de ollas populares frente a tarifas imposibles de costear para los sectores vulnerables. La acusación del senador no se limitó a la Casa Rosada por el asfixia financiera, sino que apuntó al propio gobernador bonaerense al recriminarle públicamente que «no quiso que se trate sobre tablas» y exigirle de manera explícita que empiece a «caminar un poco el Conurbano» para certificar la realidad social del territorio.
Las consecuencias de este estallido se manifestaron en una escalada de tensión institucional que terminó con cortes de micrófono y un inédito cuestionamiento al gasto político del propio cuerpo legislativo. El exministro de Seguridad, Sergio Berni, se alió con el reclamo de Ishii y cargó con extrema dureza contra la vicegobernadora Verónica Magario, cuestionando los seis meses en los que el Senado permaneció inmóvil mientras la provincia perdía 30.000 puestos de trabajo y se destruían pequeñas empresas. El clímax de la confrontación se alcanzó cuando, tras ver interrumpido el uso de la palabra por el límite de tiempo, Berni redobló la apuesta y propuso formalmente que el Ejecutivo recupere los sueldos y gastos de funcionamiento del Senado de los meses no sesionados para destinarlos al sistema de salud, provocando una tajante réplica de Magario que lo instó a presentar un proyecto formal.
El impacto definitivo de la sesión de rentrée en el plano bonaerense consolida un escenario de vulnerabilidad para el oficialismo local, cuya mayoría en comisiones queda bajo la lupa de una oposición dispuesta a capitalizar las contradicciones peronistas. Mientras bloques como el de la bancada libertaria que conduce Carlos Curestis validan el diagnóstico de crisis social pero exigen los carriles institucionales normales, la fractura expuesta entre el llaryorismo de los alcaldes y la cúpula del gobierno provincial demuestra que el peronismo bonaerense ingresa al año clave de la gestión con el cuchillo entre los dientes y sin una estrategia unificada para contener el descontento social.
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