Blindaje judicial y mega inversiones: las claves del doble triunfo de Caputo en el Congreso

En una jornada legislativa clave para la estrategia macroeconómica del oficialismo, la Cámara de Diputados convirtió en ley los acuerdos de conciliación con los últimos fondos buitre con demandas activas por el default de 2001. Horas más tarde, el bloque de La Libertad Avanza, respaldado por el PRO y el radicalismo, obtuvo una sólida mayoría de 130 votos para dar media sanción al «Súper RIGI», un agresivo esquema de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios diseñado exclusivamente para captar mega inversiones tecnológicas de frontera.

El Congreso de la Nación funcionó como el escenario de convalidación para dos de las apuestas más ambiciosas del Ministerio de Economía. Por un lado, la ratificación parlamentaria a contrarreloj de los convenios de pago con los holdouts Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP extingue de manera definitiva el litigio soberano derivado de la crisis de 2001, desactivando la amenaza inminente de embargos contra activos estratégicos del Estado como el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas en la Justicia de Estados Unidos. Por el otro, el avance del «Súper RIGI» estructura el andamiaje legal con el que el Gobierno nacional pretende forzar una reconversión productiva, saltando de los sectores primarios tradicionales hacia industrias de alto valor tecnológico y carácter experimental.

Los motivos detrás del diseño restrictivo de este nuevo régimen de promoción radican en la necesidad de blindar el esquema de incentivos contra el ingreso de actividades preexistentes, enfocándolo solo en proyectos innovadores de escala global. A diferencia del RIGI aprobado originalmente en la Ley Bases, la nueva normativa eleva sustancialmente la barrera de entrada al exigir un piso mínimo de inversión de US$ 1.000 millones. El trasfondo técnico del articulado demuestra un giro deliberado en la política económica: el texto excluye de forma explícita a los recursos naturales (minería, petróleo, gas) y a la infraestructura tradicional, concentrando las exenciones impositivas de manera quirúrgica en ramas productivas inexistentes en el país o en fases de experimentación científica, bajo una promesa de estabilidad jurídica y cambiaria blindada por los próximos 30 años.

Las consecuencias de este doble triunfo legislativo se traducirán en un fuerte impacto sobre la recaudación tributaria futura y en la flexibilización progresiva de los controles de divisas corporativos. Las empresas que logren calificar para el «Súper RIGI» accederán a una drástica reducción de la alícuota de Ganancias al 15%, amortización acelerada en tres años, exención absoluta de derechos de importación y exportación, y la emisión de certificados de crédito fiscal para cancelar IVA. No obstante, el principal atractivo para las corporaciones multinacionales radica en el capítulo cambiario: el esquema garantiza una liberación escalonada del control de cambios hasta otorgar, al tercer año del desembolso, la libre disponibilidad del 100% de los dólares generados por sus exportaciones, quebrando el principio de liquidación forzosa del mercado cambiario tradicional.

El impacto definitivo de la maratónica sesión delinea la nueva fisonomía de las alianzas parlamentarias de cara al segundo tramo de la gestión de Javier Milei. La sólida votación conseguida tanto para el cierre del frente judicial externo (139 votos) como para la media sanción del régimen de mega inversiones (130 votos) confirma que, pese a las tensiones políticas cotidianas y los ruidos por las interpelaciones ministeriales, el oficialismo conserva un núcleo de coincidencias estructurales con el PRO y la UCR orgánica. Esta sintonía le permite al Palacio de Hacienda exhibir seguridad jurídica ante los mercados internacionales y trasladar la presión al Senado, donde se definirá si este superesquema de incentivos se convierte en el motor definitivo del nuevo modelo de acumulación económica.