La tensión entre el bloque de intendentes cordobeses y la delegación local del PAMI ha alcanzado su punto más crítico. Con un pasivo que supera los 500 millones de pesos y atrasos que oscilan entre los siete y nueve meses, más de 150 jefes comunales se plantaron en la ciudad para denunciar una «asfixia financiera». El trasfondo revela un sistema donde los municipios han pasado a subsidiar de forma forzada las prestaciones nacionales para evitar el desamparo sanitario de sus vecinos más vulnerables.
El reclamo masivo, que cuenta con el respaldo estratégico del Centro Cívico, pone sobre la mesa una realidad que afecta a gran parte del mapa provincial: los convenios firmados individualmente por cada municipio para prestar servicios de salud y traslados se han convertido en un costo hundido. Según los datos recabados en la movilización hacia la sede de la calle General Paz, la falta de pagos y la ausencia de interlocutores válidos en el organismo nacional han generado una deuda que, en casos como el de Idiazábal, alcanza los 7 millones de pesos, comprometiendo la operatividad de los dispensarios y hospitales locales.
El municipio como amortiguador de la crisis sanitaria
La radiografía de este conflicto muestra que el impacto no es solo económico, sino operativo. Ante la ineficiencia de los servicios de logística propios del PAMI, los gobiernos locales han tenido que reasignar recursos propios —dinero de las tasas municipales de sus vecinos— para cubrir huecos fundamentales:
- Traslados de emergencia: Los intendentes denuncian esperas de hasta cuatro horas para ambulancias nacionales. En respuesta, las comunas disponen de sus propias unidades y choferes, pagando el combustible y el mantenimiento para garantizar que un jubilado llegue a tiempo a un centro de mayor complejidad.
- Prestaciones facturadas y no cobradas: El circuito administrativo obliga a los municipios a prestar el servicio, facturar y aguardar un pago que hoy no tiene fecha cierta. Esta «bicicleta financiera» de casi un año deja a las administraciones locales sin liquidez para la compra de insumos básicos.
- Precarización de la atención primaria: Al no recibir los fondos, los centros de salud barriales comienzan a sufrir el desabastecimiento de medicamentos y la imposibilidad de actualizar los honorarios de los médicos de cabecera, quienes ya se encuentran en una situación de alta precariedad.
El «plantón» y la búsqueda de una mesa política
La decisión de los 150 intendentes de realizar una nota formal responde a la falta de respuestas por las vías administrativas tradicionales. El bloque de jefes comunales exige la apertura inmediata de una mesa de trabajo institucional. El temor principal de la sociedad civil es que, de mantenerse este escenario, los municipios se vean obligados a suspender las prestaciones por falta de fondos, dejando a miles de afiliados sin la contención de cercanía que hoy es la única que funciona en el interior.
Este conflicto revela una falla estructural en la descentralización de la salud: el Estado Nacional delega la ejecución en los municipios, pero retiene los recursos, convirtiendo la autonomía municipal en una carga financiera insostenible. La resolución de este pasivo de 500 millones será determinante para definir si el sistema de salud del interior cordobés puede seguir garantizando el derecho básico a la atención de sus adultos mayores.
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