La detención de un exconvicto con doble contratación estatal derivó en una investigación judicial que salpica a dependencias provinciales y municipales por la elaboración de certificados y licencias apócrifas.
Un control policial de rutina por una licencia de conducir apócrifa en la Costanera cordobesa derivó en una causa judicial que expone severas falencias en los controles de ingreso al Estado provincial y municipal. La investigación liderada por el fiscal de Instrucción Juan Pablo Klinger avanzó sobre una presunta red dedicada a la falsificación de documentación oficial, dejando hasta el momento un saldo de cinco personas imputadas y tres detenciones efectivizadas.
El caso central involucra a Carlos Sebastián Saavedra Paredes, un exconvicto condenado a nueve años y medio de prisión por un asalto violento y venta de estupefacientes. Tras obtener la libertad condicional en octubre de 2024, logró ingresar en 2025 como becario en la Municipalidad de Córdoba, donde se desempeñaba como chofer de directivos en el CPC Colón. En paralelo, obtuvo una segunda contratación en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la Provincia para asistir a jóvenes con consumos problemáticos, percibiendo ingresos estatales combinados superiores al millón de pesos mensuales.
La usina de documentos y la conexión en las empresas públicas
La maniobra delictiva quedó al descubierto cuando la Senaf solicitó a Saavedra Paredes el certificado de antecedentes penales para avanzar en su pase a la contratación definitiva. Ante el requerimiento, el imputado habría contactado a Fernando Rubén Romero, un empleado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) que había retomado sus funciones tras cumplir condena por narcotráfico. Según la hipótesis fiscal, Romero actuaba como intermediario de una estructura dedicada a confeccionar certificados prontuariales y títulos secundarios falsificados para empleados públicos.
La pesquisa determinó que las solicitudes eran derivadas a Fidel Eliseo Murúa y ejecutadas presuntamente por Oscar Arnaldo «Cacho» Cuello, un falsificador de 73 años con antecedentes por estafas masivas, quien fue detenido en las últimas horas. Entre los imputados figura también Daniel Alejandro Chuminatti, trabajador de Epec acusado de utilizar un título analítico falso para cobrar un adicional salarial por estudios secundarios completos.
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