El conflicto por la falta de prestaciones de PAMI en Marcos Juárez ha escalado hasta convertirse en un nuevo eje de confrontación entre el Gobierno de Córdoba y la administración central. Tras el cierre del único centro privado que atendía a jubilados nacionales en la ciudad, la Provincia anunció un plan de emergencia de 150 millones de pesos para reforzar el Hospital Abel Ayerza. Si bien la medida busca garantizar la atención ante la llegada del invierno, el gobernador Martín Llaryora fue tajante: la intervención provincial es paliativa y no debe eximir a la Nación de sus obligaciones con los más de 5.000 afiliados de la región.
La crisis en el sudeste cordobés no es un hecho aislado, sino la consecuencia del quiebre en la red de prestadores privados que ya no logran sostener el servicio con los aranceles nacionales. Al quedar sin atención de segundo nivel, miles de jubilados se vieron obligados a trasladarse más de 120 kilómetros para ser atendidos, lo que derivó en una presión insostenible sobre el sistema público provincial.
1. El plan de contingencia: refuerzo ante el vacío nacional
La Provincia ha diseñado un esquema para transformar el hospital local en el nodo de contención de la región:
- Infraestructura de emergencia: Se suman 9 camas de internación y se reconfigura la guardia central con 5 camas equipadas con oxígeno, monitoreo y un nuevo shock room.
- Recurso humano y logística: La incorporación de seis enfermeros y cinco médicos busca cubrir la demanda proyectada para el invierno, sumando además una tercera ambulancia UTIM de alta complejidad.
- Financiamiento propio: El mandatario subrayó que los 150 millones de inversión provienen de fondos cordobeses, reforzando la idea de una provincia que «se hace cargo» de las deficiencias del sistema federal.
2. El mensaje político: «nuestros abuelos no se lo merecen»
La retórica del gobernador ha girado hacia un tono de defensa social, utilizando el conflicto de PAMI para marcar una frontera ética con la Nación.
- Diferenciación de gestión: Llaryora utiliza la crisis de salud para contrastar el «modelo Córdoba» de superávit con inversión frente al ajuste nacional que, según su visión, abandona a los sectores más vulnerables.
- Límite a la suplencia: Al afirmar que la intervención provincial «no debe ser la solución definitiva», el Panal busca evitar que la Nación naturalice el traspaso de costos sanitarios a las provincias. El reclamo es claro: Córdoba atiende la urgencia, pero exige que PAMI normalice su red de prestadores.
3. Consecuencias en el territorio: el impacto en 100.000 habitantes
La crisis de Marcos Juárez afecta a un área de influencia mucho mayor que el padrón de jubilados, impactando en toda la red sanitaria regional.
- Saturación del sistema público: El cierre de clínicas privadas empuja a pacientes de todos los sectores hacia el hospital público, acelerando el desgaste de la infraestructura y el personal.
- Riesgo geográfico: La dependencia de centros médicos en Villa María o Córdoba Capital para casos de alta complejidad aumenta el riesgo sanitario para los pacientes críticos del sudeste provincial.
Escenarios: una tensión que se extiende
El escenario en Marcos Juárez es un reflejo de lo que ocurre en otros puntos del interior provincial. La estrategia de Llaryora es mostrar una presencia activa en el territorio para contener el malestar social, mientras mantiene la presión política en el Congreso y los medios nacionales. El éxito de este refuerzo hospitalario será determinante para la paz social en el departamento durante el invierno, pero el conflicto de fondo con PAMI seguirá siendo una de las banderas de reclamo federal más fuertes del gobierno cordobés en su pulseada diaria con la Casa Rosada.
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