La grieta de la Zona Fría: las claves de la maniobra del PJ que fracturó al radicalismo en la Unicameral

La aprobación de una declaración especial en la Unicameral para frenar el recorte al gas responde a la estrategia del gobernador Martín Llaryora de provincializar el conflicto tarifario. Mediante un texto de compromiso, el peronismo cordobés logró fracturar el voto de la UCR y elevar la presión sobre los senadores nacionales alineados con la Casa Rosada.

La convocatoria a una sesión extraordinaria en el Poder Legislativo de Córdoba para blindar los subsidios al gas no constituyó un debate técnico aislado, sino la ejecución de un diseño de presión institucional orquestado por el Centro Cívico. El bloque de Hacemos Unidos por Córdoba aprobó una resolución que «instruye» a los senadores nacionales por la provincia —con el foco puesto en Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero— a rechazar el proyecto de ley libertario que desmantela el régimen de Zona Fría. Los motivos detrás de esta avanzada responden a la necesidad política de Martín Llaryora de unificar el reclamo de 168 intendentes del interior y forzar una contradicción en la oposición local, obligándola a elegir entre la disciplina partidaria hacia el presidente Javier Milei o la defensa del bolsillo de los usuarios residenciales cordobeses.

Las causas de la alta tensión registrada en el recinto combinan la urgencia fiscal del Ejecutivo nacional por suprimir partidas de consumo con la resistencia de las provincias periféricas ante lo que denominan un retorno al centralismo porteño. Durante el debate, los legisladores oficialistas fundamentaron el rechazo a la reforma advirtiendo que la media sanción de la Cámara de Diputados encierra un sesgo unitario: mientras elimina el beneficio tarifario para el interior, incluye una polémica condonación de deudas millonarias para las distribuidoras Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires ($AMBA$). Para esquivar el bloqueo de la oposición y alcanzar la mayoría agravada de 55 votos afirmativos, el peronismo ejecutó una sorpresiva maniobra de repliegue al desechar su proyecto original y asimilar el dictamen de la Unión Cívica Radical, una transgresión discursiva que suavizó la orden de rechazo directo por una fórmula más amplia de «defensa de los intereses provinciales».

Esta mutación del texto parlamentario provocó una severa fractura expuesta en el arco opositor. Mientras el bloque de PRO y la conducción mayoritaria de la UCR acompañaron la resolución para no quedar catalogados como «antiprovinciales», el ala dura del radicalismo y la bancada del Frente Cívico rechazaron de plano la iniciativa denunciando una maniobra de sobreactuación electoral por parte del llaryorismo. El contraataque de los sectores alineados con la Casa Rosada apuntó directamente contra las inconsistencias del denominado «modelo cordobés», exponiendo que el oficialismo provincial cuestiona el ajuste tarifario de la Nación mientras convalida internamente incrementos superiores al 500% en los servicios de energía eléctrica, agua potable y peajes provinciales, además de sostener una fuerte carga impositiva mediante el cobro de Ingresos Brutos sobre las propias facturas de gas.

El resultado de la votación electrónica clausuró la jornada dejando un escenario de impugnaciones legales y un nuevo esquema de polarización de cara a los comicios de 2027. Al nacionalizar el debate y visibilizar el costo social del recorte al gas, el gobierno cordobés busca restarle margen de maniobra a los senadores libertarios en la Cámara Alta, transformando un subsidio al consumo energético en un activo de negociación política federal. Sin embargo, la virulencia del cruce legislativo demostró que la estrategia del Panal de presentarse como el único escudo protector de la provincia enfrenta un límite claro: la resistencia de una oposición que ya no discute la macroeconomía nacional, sino las asimetrías tarifarias y el impacto del ajuste impositivo que el propio Estado provincial ejecuta tranqueras adentro.