El escenario político cordobés ingresó en una fase de tregua táctica y cálculo frío que los principales actores denominan de espera activa. Tras el recambio en el diseño político del Gobierno nacional, la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete inauguró un canal de interlocución predominantemente pragmático con el Centro Cívico que lidera Martín Llaryora. Esta nueva arquitectura de relaciones, sin embargo, se enfrenta de manera inmediata a las rigideces del tablero parlamentario nacional y a las demandas de las estructuras territoriales locales, exponiendo las contradicciones de una alianza que se debate entre la necesidad mutua de gobernabilidad y la preservación de las identidades políticas históricas del peronismo cordobés.
El debut de este nuevo esquema de coordinación arrojó fricciones explícitas en torno al tratamiento del proyecto de Zona Fría en el Senado. La iniciativa, orientada a la supresión de los subsidios al consumo de gas que benefician a trece departamentos de la geografía cordobesa, colisiona frontalmente con las banderas de federalismo fiscal que sostienen el andamiaje del cordobesismo. Mientras la Casa Rosada activó gestiones de presión para convalidar el recorte, la senadora Alejandra Vigo ratificó su autonomía y su rechazo al texto, argumentando que la reducción del gasto público se ejecuta a expensas de los sectores más vulnerables de la producción y el entramado social del interior. El distanciamiento de Vigo no solo evidencia la complejidad de los equilibrios internos del peronismo local, sino que expone el límite de la capacidad de conducción que el gobierno de Javier Milei le atribuye a Llaryora sobre la totalidad de su representación legislativa.
En simultáneo, la reaparición pública de Juan Schiaretti introdujo una variable de presión sectorial que tensiona el dogma desregulador de la administración libertaria. Al reclamar la prórroga legislativa de las leyes de Desarrollo del Autopartismo y de Promoción de Inversiones Automotrices, junto con la continuidad de los acuerdos bilaterales de complementación económica con el Mercosur, el exgobernador fijó una posición nítida en defensa del núcleo industrial de la provincia. La demanda de Schiaretti, formulada en un contexto de acefalía formal en el Ministerio de Industria provincial, plantea un desafío directo a la agenda de apertura comercial de la Nación, obligando al llaryorismo a dosificar su discurso de moderación para evitar la desconexión con el bloque agroindustrial cordobés.
La segunda prueba de laboratorio para este entendimiento será el debate de la reforma política impulsada desde Balcarce 50, que contempla la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la potencial restauración del sistema de colectoras a nivel nacional. Aunque el oficialismo provincial encuentra argumentos fiscales y logísticos para convalidar la supresión de las primarias, la eventual rehabilitación de las listas espejo o colectoras genera un fuerte debate ético en el Panal. Se trata de un mecanismo técnico históricamente criticado por el peronismo de Córdoba durante las etapas de hegemonía kirchnerista, cuya validación actual respondería únicamente a la conveniencia táctica de permitir que los gobernadores aliados adosen sus nóminas de diputados nacionales a la boleta presidencial de La Libertad Avanza.
Finalmente, la viabilidad a largo plazo de esta convivencia pacífica se encuentra fuertemente disputada por el arco opositor cordobés, que rechaza la idea de una capitulación electoral de la Casa Rosada en el distrito. Referentes de la vertiente libertaria dura, como Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado, desmienten de forma sistemática la existencia de un pacto de no agresión que resguarde la reelección de Llaryora para 2027. Esta resistencia interna es capitalizada por Luis Juez y Rodrigo de Loredo; el senador nacional ya explicitó su autonomía para competir por fuera de una eventual alianza nacional si el gobierno central cede la centralidad política de la provincia al justicialismo cordobés, mientras que el diputado radical sostiene la irreversibilidad de su postulación, transformando la interna opositora en un factor de inestabilidad permanente para la estrategia de la Jefatura de Gabinete nacional.
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