Entre propuestas de prohibición total, revalorización del sistema cooperativo y la eliminación del efectivo, el Concejo Deliberante debate el futuro de más de 1.500 cuidacoches. El trasfondo de una crisis que busca terminar con la extorsión sin desatender la vulnerabilidad social de los sectores autorizados.
El sistema de estacionamiento en la ciudad de Córdoba atraviesa una de sus transformaciones más profundas y polémicas de la última década. Lo que históricamente fue un acuerdo tácito (y a menudo conflictivo) entre automovilistas y cuidacoches, hoy se encuentra bajo el escáner legislativo. La reciente aprobación de reformas al Código de Convivencia en la Unicameral para prohibir a los «naranjitas» ilegales ha trasladado la presión al Palacio 6 de Julio, donde se definen las reglas para quienes sí cuentan con autorización municipal.
La brecha entre lo legal y lo informal
Para comprender el conflicto, es imperativo distinguir entre los dos universos que conviven en las calles cordobesas:
- Las Cooperativas Autorizadas: Entidades como CBA, Aparcar, La Unión y Tosco Vive agrupan a unos 1.500 trabajadores registrados. Operan bajo convenios municipales en zonas específicas, con tarifas reguladas y chalecos identificatorios.
- El sector ilegal: Cuidacoches sin registro que operan principalmente en zonas de alta demanda nocturna (Güemes, Nueva Córdoba) y eventos masivos. Es aquí donde se concentran las denuncias por extorsión, tarifas arbitrarias y violencia, factores que han motorizado los pedidos de prohibición por parte de bloques de la oposición como el PRO.
Las claves de la reforma: ¿Hacia un sistema sin efectivo?
La propuesta impulsada por el oficialismo municipal y sectores de la oposición colaborativa no busca la erradicación total, sino una tecnificación del servicio. Los ejes del debate actual son:
- Eliminación del intercambio monetario: Se propone que el pago sea 100% digital (vía apps o billeteras virtuales). El objetivo es doble: dotar de transparencia al ingreso del trabajador y eliminar la presión del «pago por adelantado» que sufren los usuarios.
- Limitación horaria: Existe un proyecto firme para que los naranjitas habilitados dejen de cobrar durante los fines de semana, buscando equiparar el servicio con el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) digital que rige en el centro.
- Seguridad y Revalorización: Se busca que el naranjita deje de ser un mero cobrador para convertirse en un «vigía de cuadra» integrado al esquema de Seguridad Ciudadana del municipio, con antecedentes penales verificados y capacitación constante.
El trasfondo político y social
El conflicto no es solo administrativo, es profundamente político. Para el Ejecutivo municipal, regularizar el sector es una forma de mantener la paz social en un contexto de crisis económica extrema, evitando dejar a miles de personas sin su único ingreso. Sin embargo, la presión ciudadana por la «seguridad» ha llevado a discursos más punitivistas que exigen la prohibición total de la actividad, tildándola de una privatización ilegal del espacio público.
Las cooperativas, por su parte, denuncian una «estigmatización» y advierten que la prohibición sin alternativas de empleo solo trasladará el conflicto a otras áreas de la economía informal. Argumentan que en las zonas donde ellas operan, los niveles de delincuencia sobre vehículos son drásticamente menores.
Proyección del escenario
El desenlace de este debate marcará un precedente en la gestión de ciudades grandes en Argentina. Si Córdoba logra implementar un sistema donde el naranjita esté geolocalizado, cobre por vía digital y responda a una auditoría municipal, podría profesionalizar una tarea históricamente marginal. Si, por el contrario, la prohibición avanza sin capacidad de control policial efectivo, la calle seguirá siendo territorio de nadie.
El desafío para el intendente y el Concejo es técnico pero también ético: cómo garantizar que el ciudadano no sea extorsionado sin que el Estado se convierta en el agente que empuje a más familias por debajo de la línea de indigencia.
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