El bloque oficialista modificó a último momento su plan de votar sobre tablas el apartamiento del dirigente radical imputado en la Justicia Federal. La maniobra buscó desactivar una contraofensiva de Juntos por el Cambio, que pretendía capitalizar el debate para exponer las responsabilidades políticas e institucionales detrás del conmocionante femicidio de la menor.
La repentina decisión de la bancada peronista de congelar el tratamiento legislativo sobre la imputación penal de Marcos Carasso responde a un estricto cálculo de control de daños ante un escenario de alta volatilidad social. Lo que se perfilaba como una sesión de ajusticiamiento político contra el vocal de la minoría en el Tribunal de Cuentas fue archivado sobre la marcha por el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba. Los motivos de este repliegue táctico radican en la certeza de que habilitar esa discusión reglamentaria le daría la llave a la oposición para forzar un debate abierto en el recinto sobre el femicidio de Agostina Vega; un expediente de extrema sensibilidad que roza de forma directa al ecosistema del Estado, los controles municipales y la cúpula judicial de la provincia.
Las causas de la contraofensiva que preparaban la Unión Cívica Radical (UCR) y el juecismo explican la mutación discursiva del peronismo hacia la figura del «carancheo político». Al quedar expuesto que el principal sospechoso del crimen, Claudio Barrelier, contaba con graves antecedentes penales y un pasado laboral en el esquema estatal, las bancadas opositoras unificaron posiciones para romper el cordón sanitario montado por el Ejecutivo provincial. Ante la inminencia de un debate donde referentes como Alejandra Ferrero y Gregorio Hernández Maqueda pretendían vincular formalmente la decadencia institucional con la tragedia de la menor, el jefe del bloque del PJ, Facundo Torres, optó por enviar los proyectos de informes sobre Carasso a comisión, sacrificando la oportunidad de esmerilar a sus rivales con la causa de corrupción del PAMI para evitar que el recinto se transformara en una interpelación pública a la gestión del gobernador Martín Llaryora.
El trasfondo de esta jornada legislativa desnuda la inviabilidad de sostener consensos básicos en una Unicameral cordobesa fuertemente polarizada, donde la dinámica parlamentaria funciona bajo la lógica de la extorsión recíproca. Mientras la oposición denuncia un ahogo democrático por el uso sistemático de la mayoría oficialista para clausurar los giros de palabra, el justicialismo intenta blindar la figura del mandatario provincial derivando la discusión hacia el secreto de sumario judicial. Al clausurarse provisoriamente el eje Carasso y trasladarse la tensión hacia los despachos de las comisiones, la política cordobesa ingresa en un período de confrontación crónica donde el dolor social por los crímenes de vulnerabilidad urbana opera como el principal combustible de la refriega partidaria de cara al año electoral.
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