Equilibrio inestable: el Panal se resguarda tras el silencio institucional ante la crisis de Manuel Adorni en el Congreso

Frente a la inminente definición legislativa que podría comprometer la continuidad del jefe de Gabinete nacional, el gobernador Martín Llaryora opta por una estrategia de repliegue y reserva. Mientras el «cordobesismo» evalúa con recelo los magros resultados financieros obtenidos a cambio de garantizar gobernabilidad a la Casa Rosada, las bancadas de la provincia debaten entre la libertad de acción y el reclamo por los fondos discrecionales retenidos por la Nación.

La escena política cordobesa ensaya un complejo ejercicio de distanciamiento e institucionalidad ante la crisis que acorrala al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en el Congreso de la Nación. Protegido en la estructura federal por el presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei, el funcionario enfrenta un escenario de extrema debilidad parlamentaria debido a las inconsistencias denunciadas en su declaración patrimonial. Ante este panorama, el Centro Cívico de Córdoba —el «Panal»— ha decidido arroparse en un estricto mutismo, delegando el costo político de las definiciones en sus representantes legislativos bajo la premisa de que la responsabilidad recae sobre quienes debieron evaluar explicaciones que los diputados consideran una falsedad manifiesta.

El diagnóstico dentro de la mesa chica llaryorista revela una creciente insatisfacción por los términos del intercambio político y económico con la administración central. Los motivos de este malestar radican en que el perfil dialoguista y la gobernabilidad otorgada por Córdoba a la gestión de La Libertad Avanza han sido, en términos financieros, deficientemente retribuidos. El trasfondo del reclamo apunta a la persistente «discriminación» en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los fondos no reintegrables de carácter discrecional que el Ejecutivo nacional retiene y que no llegan a las arcas cordobesas. A este ahogo presupuestario se sumó un nuevo cortocircuito político: la reciente decisión del ministro del Interior, Diego Santilli, de convocar a intendentes opositores cordobeses a instancias de referentes libertarios locales, una maniobra que en el entorno de Llaryora fue interpretada como un desplante institucional al omitir la notificación previa al gobierno provincial.

Las consecuencias de esta acumulación de desilusiones repercuten directamente en las estrategias disímiles y el poroteo numérico que ensayan las distintas terminales del bloque cordobés en ambas cámaras. Mientras el núcleo duro del llaryorismo y el schiarettismo se inclina por una postura de prudencia institucional —garantizando el quórum pero apostando al camino formal de emplazar a las comisiones para dictaminar—, conviven posiciones internas de mayor confrontación. Es el caso de la diputada Natalia de la Sota, quien reclamó públicamente una postura unificada y firme de todo el arco representativo cordobés frente a la gravedad del asunto, instando a sus pares a no «hacerse los desentendidos» ante la sesión especial. El impacto definitivo de esta pulseada se trasladará al Senado, donde la bancada liderada por Carlos «Camau» Espínola —que integra la senadora Alejandra Vigo— ya adelantó una línea moderada y «republicana», advirtiendo que una eventual remoción o moción de censura contra el jefe de Gabinete no puede resolverse mediante una mayoría simple. De este modo, Córdoba vuelve a utilizar la ambigüedad estratégica y la libertad de acción como herramientas de presión, midiendo el costo de sostener a un funcionario nacional debilitado frente a la necesidad de recuperar los recursos federales que le corresponden.