El Tribunal de Cuentas, con mayoría opositora, puso bajo la lupa una partida multimillonaria aprobada por el Ejecutivo para infraestructura escolar. Mientras el juecismo exige detalles sobre el destino de los fondos, el Gobierno de Córdoba responde defendiendo la celeridad administrativa para garantizar el inicio del ciclo lectivo.
La pulseada política en Córdoba ha encontrado un nuevo foco de conflicto en el organismo encargado de fiscalizar los gastos del Estado. Los vocales de la oposición en el Tribunal de Cuentas han emitido cuestionamientos formales sobre la aprobación de 120.000 millones de pesos destinados a la reparación y mantenimiento de edificios escolares. Para el juecismo, el monto y la modalidad de asignación carecen de la transparencia necesaria, mientras que para el gabinete de Martín Llaryora se trata de una maniobra de «bloqueo institucional» que atenta contra el funcionamiento básico del sistema educativo.
El centro de la disputa: Control vs. Celeridad
El conflicto no es solo técnico, sino profundamente político. Los ejes de la confrontación se dividen en dos visiones contrapuestas:
- La mirada opositora: El bloque de Juntos por el Cambio en el Tribunal sostiene que el Ejecutivo utiliza mecanismos de aprobación global que dificultan el seguimiento específico de cada obra. El pedido de explicaciones apunta a evitar que las partidas de infraestructura se conviertan en «cheques en blanco» sin una rendición de cuentas pormenorizada por establecimiento.
- La respuesta oficialista: Desde el Centro Cívico aseguran que los fondos están plenamente justificados en el marco de la emergencia edilicia y el plan de mantenimiento preventivo. La Provincia sostiene que los cuestionamientos del Tribunal responden a una agenda de «obstaculización política» que busca desgastar la imagen de la gestión mediante la burocratización de procesos críticos.
El trasfondo de la gobernabilidad
Desde una perspectiva de poder, este choque representa el desafío cotidiano que enfrenta la actual gestión con un Tribunal de Cuentas que no le es propio. Cada partida presupuestaria se ha convertido en una negociación o en un titular de denuncia, lo que obliga al Ejecutivo a extremar los recaudos legales o a confrontar públicamente para no perder la iniciativa política.
Para Llaryora, la infraestructura escolar es una bandera sensible. Cualquier sombra de sospecha sobre estos fondos toca una fibra directa con la sociedad y los gremios docentes —en plena tensión paritaria—. Por su parte, la oposición utiliza su rol de «auditor» para posicionarse como el garante ético de los recursos cordobeses en un contexto de fuerte ajuste general.
Perspectiva de escenario
El conflicto por los $120.000 millones es solo la punta del iceberg de una relación que promete ser conflictiva durante todo el periodo legislativo. Si el Tribunal persiste en las observaciones, el Ejecutivo podría verse obligado a reformular sus esquemas de contratación, lo que afectaría los tiempos de obra en las escuelas. En la «docta», la auditoría se ha vuelto la herramienta predilecta de la política para marcar la cancha, y la transparencia es el argumento que ambos bandos utilizan para ganar la pulseada ante la opinión pública.
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