La remoción del concejal Ricardo Moreno, salpicado por sus nexos con el detenido por el femicidio de Agostina Vega, se ejecutó por orden directa de la conducción provincial. Al entronizar al secretario de Políticas Sociales, Raúl La Cava, la Casa Gris desactivó una incómoda votación nominal impulsada por la oposición y blindó la estructura municipal.
La fulminante salida del concejal y referente de las 62 Organizaciones Peronistas, Ricardo Moreno, responde a una drástica operación de control de daños diseñada en las oficinas del Panal para frenar la sangría política provocada por el caso Agostina Vega. Tras jornadas de extrema tensión donde el nombre de Moreno quedó en el centro de la escena pública debido a su rol en la incorporación estatal del presunto femicida Claudio Barrelier, el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini clausuraron las vacilaciones internas. Los motivos de esta eyección relámpago —materializada formalmente este lunes— radicaron en la necesidad imperiosa de desactivar una «cuestión de privilegio» que la oposición preparaba para la sesión de este jueves, una maniobra que habría forzado una votación nominal obligando a cada edil del oficialismo a exponerse públicamente, amenazando con fracturar el bloque por el indisimulable malestar de las concejalas oficialistas.
Las causas del rediseño institucional posicionaron a Raúl La Cava, hasta ayer secretario de Políticas Sociales de la capital, como el encargado de «atajar» la crisis en el recinto legislativo. Al no aceptar Moreno una renuncia voluntaria ni una licencia que abriera el juego a líneas internas no alineadas con el Ejecutivo, el Palacio 6 de Julio optó por sentar en la banca a un hombre calificado por el propio Passerini como «de la máxima confianza» de la mesa chica del poder. Lejos de implicar una pérdida de territorio para el funcionario saliente del gabinete, el movimiento estratégico representó un redoblado avance del «viguismo» en la Capital: La Cava es un seguidor puro de la senadora nacional Alejandra Vigo, y al dejar en su antiguo puesto a Andrea Ledesma —cuadro técnico que le responde de forma directa—, el sector retiene el control de las partidas sociales y coloniza un nuevo escaño clave en el Concejo Deliberante.
Como contrapartida institucional a la fuerte demanda de transparencia que impuso el crimen de la adolescente, el Ejecutivo municipal acompañó el desplazamiento de Moreno con un fuerte paquete de medidas de control estatal. Passerini anunció el envío inmediato de un proyecto de ordenanza para exigir antecedentes penales y la realización del narcotest a la totalidad de la planta del personal municipal, eliminando los fueros y las excepciones de revista contractual. Con este movimiento, que busca cortar de raíz el malestar ciudadano frente a los polémicos padrinazgos políticos de las contrataciones en las dependencias públicas, el cordobesismo busca recuperar la iniciativa discursiva y relanzar el proceso de modernización del Estado iniciado en 2019, intentando encapsular el costo del femicidio en un sacrificado Moreno antes de que la crisis termine por erosionar la gobernabilidad del intendente.
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