El avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) en el Congreso desató un intenso debate técnico. Con un piso mínimo de US$ 1.000 millones y exenciones impositivas inéditas, el proyecto divide aguas: mientras el sector corporativo y el oficialismo lo defienden como el único puente para competir globalmente en inteligencia artificial y energías de frontera, los analistas y las centrales fabriles advierten sobre los riesgos de crear burbujas de alta productividad sin derrame en el entramado pyme local.
La ingeniería fiscal diseñada por el Palacio de Hacienda para el Súper RIGI busca romper el aislamiento financiero de la Argentina mediante un esquema de shock. Al elevar la apuesta del régimen original de la Ley Bases, el Ejecutivo nacional ofrece un blindaje normativo por 30 años a cambio de desembolsos masivos destinados de forma exclusiva a actividades inexistentes o experimentales en el país. Sin embargo, la letra chica del proyecto reactivó las alarmas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CAME, quienes exigen cláusulas de protección ante una recesión industrial que ya destruyó 75.000 puestos de trabajo directos desde finales de 2023.
El manual de los súper beneficios y el nuevo mapa cambiario: Para los proyectos que superen la barrera de los US$ 1.000 millones, el nuevo esquema ofrece ventajas sustancialmente mayores al RIGI original:
- Hachazo impositivo: La alícuota del Impuesto a las Ganancias se reduce de forma directa al 15% (frente al 25% del régimen previo) y los dividendos pagan apenas el 3,5%.
- Asfixia cero al IVA: Se implementan Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA de las inversiones de manera inmediata.
- Aduana y empleo: Exención total de derechos de importación y exportación, sumado a una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales de los nuevos puestos.
- Giro de divisas: Liberación escalonada del control de cambios (20%, 40% y 100% en tres años) y la exención total de liquidar dólares provenientes de financiamiento externo.
La letra chica del impacto local y el peligro de los «enclaves»: Las mayores críticas no provienen únicamente de la oposición política, sino de economistas de corte liberal y de las propias cámaras productivas. Desde la Fundación Libertad advierten que el proyecto congela la soberanía regulatoria del Estado por tres décadas al someter los conflictos a tribunales de arbitraje internacionales. Asimismo, se señala una marcada asimetría fiscal: se otorga una carga tributaria mínima al segmento corporativo de mayor escala mientras la presión impositiva sobre las pymes y los asalariados permanece intacta. Sin mecanismos de encadenamiento robustos, el riesgo latente es la proliferación de «enclaves» hiperproductivos que importen todos sus insumos con arancel cero, dejando nulo valor agregado en las provincias receptoras.
El reclamo de la UIA y CAME para evitar la desprotección: Ante este escenario, la UIA propuso formalmente ante la Cámara de Diputados que el Súper RIGI replique la obligatoriedad de destinar al menos un 20% de la inversión a proveedores locales, con una ampliación gradual a lo largo de la operación. Las pymes fabriles —que hoy operan un 10% por debajo de los niveles de 2022— exigen reglas claras para competir en precio y calidad, además de medidas compensatorias que eviten que la apertura aduanera termine por liquidar el tejido industrial preexistente, el cual carece de los beneficios logísticos, fiscales y cambiarios que la Casa Rosada ahora le garantiza al capital extranjero.
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