El giro de Perú: los factores de fondo que neutralizaron el veto antifujimorista tras 15 años de resistencia

La cuarta elección presidencial fue finalmente la vencida para Keiko Fujimori. Tras tres derrotas consecutivas en segunda vuelta, la líder de Fuerza Popular logró imponerse en el balotaje presidencial de Perú al alcanzar el 50,135% de los votos válidos frente al 49,865% obtenido por el candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Los datos definitivos publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmaron una diferencia de apenas 49.641 sufragios, consolidando uno de los márgenes más estrechos en la historia democrática reciente de la región. A sus 51 años, y luego de una persistente búsqueda que se extendió por una década y media, la hija del expresidente Alberto Fujimori asumirá la conducción de una nación profundamente fragmentada y fatigada por una constante crisis de gobernabilidad.

El veredicto de las urnas expone un cambio de paradigma estructural en el comportamiento del electorado peruano. Históricamente, el voto en segunda vuelta estuvo coordinado y traccionado por el «antifujimorismo», una coalición heterogénea de votantes de centro, izquierda y sectores liberales que operaba como un techo insalvable para la candidata debido al recuerdo del gobierno autocrático de su padre en la década de 1990. Sin embargo, el colapso del experimento político de Pedro Castillo y el recrudecimiento de la violencia urbana debilitaron de forma leve pero decisiva esa resistencia histórica, transformando a Fujimori en una opción viable para una sociedad cuyos incentivos políticos mutaron de la defensa institucional a la urgencia del orden público.

El primer factor clave para este resultado radica en el desgaste del propio bloque antifujimorista, afectado por la pésima experiencia de las gestiones recientes. En las contiendas de 2016 y 2021, el rechazo al fujimorismo bastó para inclinar la balanza en favor de figuras tan disímiles como Pedro Pablo Kuczynski o el maestro rural Pedro Castillo. No obstante, el fracaso de Castillo, quien terminó destituido y condenado tras su fallido intento de autogolpe en 2022, dejó una pesada herencia para su espacio. El candidato Roberto Sánchez compitió cargando con el estigma de haber sido ministro de esa gestión, lo que fragmentó la alianza de centro y llevó a muchos votantes independientes a evitar cerrar filas detrás de la izquierda, facilitando que Fujimori perforara su tradicional piso electoral.

A este escenario se suma un profundo agotamiento social ante la inestabilidad crónica del sistema político peruano, que vio desfilar a ocho mandatarios en la última década. Esta parálisis sistemática deterioró de forma severa la previsibilidad económica y la calidad de la gestión estatal. Al presentarse con la promesa de encauzar la economía y con una base parlamentaria sólida que aleja el fantasma de la vacancia presidencial inmediata, Fujimori capitalizó el deseo generalizado de previsibilidad. Por primera vez en sus cuatro intentos presidenciales, la candidata derechista logró presentarse ante las clases medias urbanas como el «mal menor» frente a la incertidumbre institucional que encarnaba su rival.

Finalmente, la demanda social de una política criminal punitiva y de «mano dura» terminó por sepultar las objeciones democráticas de gran parte de la población. Con una tasa de homicidios que escaló a los 10,7 casos cada 100.000 habitantes y una ola inédita de extorsiones comerciales, la agenda de seguridad de Fuerza Popular sintonizó de manera directa con el malestar ciudadano. Las propuestas de Fujimori, orientadas a replicar aspectos del modelo de megacárceles de Nayib Bukele en El Salvador e involucrar a las fuerzas militares en el control territorial, apelaron con éxito al recuerdo de la pacificación interna de los años noventa. En una sociedad desbordada por la delincuencia, la promesa de soluciones drásticas e inmediatas se convirtió en una oferta electoral mucho más atractiva que la preservación de los equilibrios institucionales formales.