Una investigación periodística basada en registros contables reveló que el 69% de las operaciones de carga de combustible de la flota oficial de Córdoba durante 2025 se justificaron bajo el concepto de traslados políticos. A pesar de haber sido adquiridas originalmente para emergencias médicas y vuelos sanitarios, las unidades de alta complejidad concentran polémicas por viajes de campaña y traslados del gobernador Martín Llaryora, en un contexto de estricto hermetismo institucional.
La administración de los recursos del Estado provincial cordobés ingresa al centro del debate ético y presupuestario tras salir a la luz un patrón de uso distorsionado en su flota aérea. El ecosistema de transporte oficial, compuesto por 13 aeronaves bajo la órbita de la gobernación, tiene sus puntos más críticos en dos aviones de alta complejidad —el Beechcraft King Air 350 y el Bombardier Lear Jet 60— concebidos normativamente con fines sanitarios y de traslado de pacientes en estado crítico. Al unificar los datos financieros de las compras de combustibles con los registros de geolocalización aeronáutica en tiempo real, el relevamiento periodístico desnuda una marcada discrepancia entre el rol asistencial que justifica la existencia de la flota y su utilización real como herramientas logísticas para la agenda del Poder Ejecutivo.
El diagnóstico financiero sobre las cuentas del sistema de administración provincial expone una asimetría estructural a favor de la movilidad de la planta política por sobre las emergencias de salud pública. Los motivos de esta controversia radican en que, de un total de 94 operaciones de abastecimiento de combustible facturadas en 2025, un total de 65 cargas correspondieron al traslado de funcionarios, mientras que las misiones netamente sanitarias aparecieron reflejadas apenas en ocho oportunidades. El trasfondo del gasto —que ascendió a más de 327 millones de pesos en todo el año— ubica a la Ciudad de Buenos Aires como el principal destino de la flota oficial, coincidiendo de forma directa con la agenda de posicionamiento de Llaryora en el armado nacional «Provincias Unidas» y sus reuniones con ministros, voceros presidenciales y eventos del sector corporativo de seguros en Bariloche.
Las consecuencias de este hallazgo trascienden el impacto del gasto fiscal e impactan en la vulneración del derecho al acceso a la información y la falta de transparencia gubernamental. Ante las solicitudes de acceso a los registros de pasajeros y planes de vuelo, el Centro Cívico optó por un bloqueo de datos, justificando de forma informal que las aeronaves son «multiusos» y que el gobernador se encuentra habilitado para utilizarlas. El impacto definitivo de este esquema de opacidad se proyecta sobre el actual período de 2026, donde los primeros meses del año ya acumulan más de 110 millones de pesos en combustible bajo la misma dinámica operativa. Al omitir estas unidades en los comunicados oficiales y evadir las respuestas formales, la administración provincial transforma un servicio crítico de emergencia médica en un privilegio de gestión, incrementando la distancia entre el discurso de la austeridad y el uso diario de los bienes públicos.
Más historias
Estrategia electoral 2027: las alianzas de La Libertad Avanza con los gobernadores del centro
Los alcances de la reforma del BCRA y la eliminación de las metas de empleo
El dilema de las Zonas Frías: Por qué la política energética de la Casa Rosada incomoda al bloque del centro