El cálculo del cordobesismo: encuestas estables y el plan para blindar la gestión

Las repercusiones políticas del femicidio de Agostina Vega y el posterior escándalo por el funcionamiento del boliche «Wachitas» forzaron un control de daños en las administraciones del gobernador Martín Llaryora y el intendente capitalino, Daniel Passerini. Pese a la gravedad del caso y la ofensiva de la oposición en el Concejo Deliberante, los sondeos periódicos que maneja el oficialismo muestran un impacto electoral prácticamente nulo, lo que decidió al peronismo cordobés a mantener inalterable su estrategia: priorizar la agenda de obras locales y postergar cualquier definición sobre el calendario electoral de 2027.

Tanto en el Centro Cívico como en el Palacio 6 de Julio, la lectura de los datos de la última semana generó alivio. Los relevamientos internos indican que la imagen de Passerini subió dos puntos en la Capital —compensando una caída idéntica de Llaryora en el mismo distrito—, mientras que el gobernador registra una recuperación de adhesión en ciudades clave del interior como San Francisco, Marcos Juárez y Bell Ville. La apuesta del «Panal» es encapsular el hecho como un drama policial aislado, argumentando que la opinión pública no asocia de forma directa la condición de becario municipal del acusado con una responsabilidad institucional de la intendencia.

La noche bajo la lupa y la exposición de los controles

A pesar del optimismo del oficialismo, la oposición liderada por el juecismo considera que la interpelación al secretario de control municipal en el Concejo Deliberante es solo el inicio de una investigación más amplia sobre los vínculos entre funcionarios y empresarios de la noche cordobesa. En respuesta, el peronismo busca neutralizar las sospechas convirtiendo la crisis en una oportunidad para endurecer su discurso de orden urbano.

El plan inmediato contempla una reestructuración de la comunicación del Ente de Fiscalización y Control. Desde el oficialismo admiten fallas a la hora de visibilizar las inspecciones previas, por lo que la estrategia ahora se centrará en exponer públicamente los operativos de clausura y posicionar al titular del organismo, Ezequiel Hormaeche, como el referente del ordenamiento nocturno. La premisa interna es clara: ante las críticas por falta de controles, la gestión debe «poner la cara» y mostrar presencia efectiva en la calle.

El rumbo hacia 2027: Gestión y desdoblamiento

Con las cifras de intención de voto estabilizadas tras el impacto inicial del caso, el cordobesismo ratificó que no modificará su hoja de ruta política para el segundo semestre del año. El esquema de prioridades gubernamentales se dividirá en tres ejes operativos:

• Foco exclusivo en los servicios básicos: Hasta diciembre, la comunicación oficial se concentrará estrictamente en obras de bacheo, extensión del alumbrado público y recuperación de plazas, buscando contrastar la continuidad de la gestión local con la parálisis de la obra pública a nivel nacional.
• Desconexión del escenario nacional: Mantener la identidad del modelo cordobés frente al complejo contexto macroeconómico, reforzando la percepción de que la provincia conserva un rumbo administrativo autónomo y superador frente al promedio del país.
• Estrategia electoral bajo reserva: Ratificar la decisión de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales para 2027, aunque postergando la definición de la fecha exacta (con posibilidades abiertas para abril o mayo) hasta que el gobierno consolide los niveles de aprobación requeridos al inicio del próximo año.

En definitiva, el oficialismo cordobés apuesta a que el paso del tiempo y el despliegue de obra pública barrial terminen por diluir el costo político de una crisis que, al menos en los papeles, encendió las alarmas de la oposición pero no alteró el humor del votante peronista. La premisa en el Centro Cívico es clara: en un contexto de bolsillos flacos, la demanda ciudadana de orden y servicios eficientes pesará más en las urnas que el barro de la discusión legislativa.