La problemática del estacionamiento en Córdoba Capital ha dejado de ser un conflicto de tránsito para convertirse en un dilema de seguridad y ordenamiento social. La gestión de Daniel Passerini ha decidido mover una ficha determinante: el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante que pretende reciclar la figura del «naranjita» hacia un rol de «constatador digital». No se trata solo de un cambio de nombre, sino de un intento por desarticular un sistema de informalidad que, según los relevamientos municipales, hoy genera una doble imposición económica para el vecino y una zona gris de control para el Estado.
El tablero: los jugadores y sus intereses
La viabilidad de este plan depende de un delicado equilibrio entre tres actores que, hasta hoy, han chocado sistemáticamente:
- El Palacio 6 de Julio: Busca centralizar la recaudación y eliminar las «zonas liberadas». Al integrar a los cuidadores a la plataforma SEMM (Estacionamiento Medido Municipal), el municipio se asegura el control total de los datos de estacionamiento y, fundamentalmente, la potestad de la tarifa.
- Las Cooperativas: Representan el factor social. El proyecto les ofrece la «formalidad» a cambio de ceder el cobro directo. Ahora, su ingreso dependerá de un porcentaje de lo que se recaude vía QR. El riesgo para ellas es la pérdida de la inmediatez del efectivo; el beneficio, el cese de las detenciones y la legitimación de su tarea.
- La Oposición y los Vecinos: Aquí reside el nudo político. Mientras el oficialismo asegura que solo un bloque aliado acompaña la medida, la oposición advierte que delegar el control de infracciones en personas sin formación de inspectores podría derivar en una ola de impugnaciones legales. A esto se suma el malhumor social por una tarifa que, según las proyecciones, superaría los $1.300 por hora para poder sostener el costo del sistema.
La metamorfosis del sistema
El diseño técnico del proyecto propone un salto hacia la fiscalización remota. El naranjita ya no será quien recibe el dinero, sino quien, munido de un chaleco oficial y tecnología móvil, verifique si el vehículo estacionado ha activado la aplicación. Si el dominio no está registrado, el constatador enviará la alerta al sistema central.
Este esquema busca erradicar la «propina obligatoria» y reemplazarla por una única transacción digital. Sin embargo, la duda que sobrevuela el debate es la capacidad de control del municipio sobre los cuidadores «libres» o no cooperativizados, que son quienes habitualmente protagonizan los incidentes más violentos en zonas de alta demanda nocturna o eventos masivos.
En conclusión, el plan de Passerini es una apuesta por la modernización que busca normalizar una anomalía histórica de Córdoba. Al transformar al naranjita en una extensión del brazo fiscalizador del Estado, la Municipalidad asume la responsabilidad total de lo que ocurra en la calzada. El éxito de la medida se medirá en dos frentes: si el vecino percibe que la calle es finalmente un espacio público regulado y si el nuevo costo de la hora de estacionamiento no termina convirtiéndose en un impuesto más al uso del espacio urbano.
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