Caso Agostina Vega: las claves del jury con el que la oposición arrincona a la Justicia cordobesa

El arco opositor cordobés unificó criterios para avanzar institucionalmente contra los fiscales intervinientes en el femicidio de la adolescente. Al cuestionar la libertad previa otorgada al acusado, los legisladores reactivaron las sospechas de connivencia política que tiñeron la histórica causa por las muertes de los bebés en el nosocomio provincial.

La traslación del femicidio de Agostina Vega al recinto de la Legislatura de Córdoba desató una tempestad política que amenaza con romper la pax romana del oficialismo. Mediante una conferencia de prensa conjunta, un amplio espectro de la oposición —que incluyó al radicalismo deloredista, el Frente Cívico de Luis Juez, el PRO, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza y la izquierda— anunció una fuerte ofensiva institucional centrada en pedidos de juicio político (jury). Los motivos de esta avanzada radican en la detección de fallas sistemáticas en la cadena de prevención judicial, focalizando la acusación en el fiscal Iván Rodríguez, quien en 2025 le había concedido la libertad bajo fianza al hoy detenido Claudio Barrelier en una causa previa por el secuestro de otra joven, una decisión que los denunciantes consideran la causa indirecta pero inexcusable del trágico desenlace de la menor de 14 años.

Las causas que reabrieron las heridas de la vieja crisis del Hospital Neonatal combinan la reaparición de los mismos actores judiciales con las sospechas de blindaje al Poder Ejecutivo. Para la oposición, no es un hecho menor que tanto Rodríguez como el fiscal actual del caso, Raúl Garzón, hayan tenido roles determinantes en la investigación por las muertes de los recién nacidos: Garzón fue el fiscal designado «a dedo» por la Fiscalía General —según denunció la legisladora Brenda Austin—, mientras que Rodríguez fue el encargado de archivar la sensible denuncia conexa que investigaba reuniones secretas entre funcionarios judiciales y miembros del gabinete del entonces gobernador Juan Schiaretti. Esta coincidencia alimentó el argumento opositor de que ambos magistrados operan como un engranaje de protección política para el «cordobesismo», una percepción que se agravó al recordar que el femicida era un empleado municipal apadrinado por el concejal oficialista Ricardo Moreno.

A pesar de la contundencia del anuncio, la estrategia opositora exhibió fisuras internas al momento de mensurar las responsabilidades políticas del gabinete de Martín Llaryora. Mientras las bancadas mayoritarias exigieron también la remoción del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, por las presuntas falencias en el despliegue policial durante la búsqueda, dirigentes de peso como el radical Dante Rossi y el macrista Oscar Agost Carreño tomaron distancia de ese pedido, catalogándolo como un oportunismo de índole estrictamente política y no institucional. El Panal, por su parte, resiste el embate argumentando que es inédito promover un jury contra un fiscal (Garzón) que resolvió el paradero de la víctima en un tiempo prudencial; una pulseada de alta tensión cuya resolución final quedará bajo la órbita de la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento, reconfigurando el escenario electoral de la provincia.