Las organizaciones feministas de Córdoba reclamaron el inicio de un juicio político contra las autoridades judiciales por dilaciones en la búsqueda de Agostina Vega. Paralelamente, el nuevo informe del Observatorio de La Casa del Encuentro expuso una realidad estructural asfixiante: se consumaron 104 femicidios en lo que va de 2026.
El impacto social por el asesinato de Agostina Vega escaló hacia un abierto conflicto institucional tras el posicionamiento de las asambleas del colectivo #NiUnaMenos. Los movimientos sociales y de género de Córdoba formalizaron el reclamo de un jury de enjuiciamiento contra el fiscal de instrucción Raúl Garzón y las cúpulas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), imputándoles una grave inacción y demoras injustificables durante las primeras 72 horas críticas posteriores a la desaparición de la menor de 14 años. Los motivos de la acusación civil se sustentan en que la burocracia judicial ignoró las alertas urgentes de la familia, permitiendo que el principal sospechoso contara con una ventana de tiempo clave para ocultar los restos en el descampado de Ampliación Ferreyra, una dilación estatal que las organizaciones califican como violencia institucional con complicidad de género.
Las causas de esta persistente desprotección no se limitan a un caso aislado, sino que forman parte de una matriz nacional que la sociedad civil mide de forma sistemática. Casi en simultáneo con las protestas locales, la asociación civil La Casa del Encuentro, a través de su Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano», reveló una cifra escalofriante que expone el fracaso de las políticas de prevención: desde el 1 de enero se cometieron 104 femicidios en la Argentina. Este relevamiento, desarrollado mediante el monitoreo exhaustivo de agencias de noticias y medios de todo el país, demuestra que el índice de letalidad machista mantiene una regularidad trágica, donde el hogar de la víctima o de sus allegados directos continúa configurándose como el espacio de mayor vulnerabilidad y riesgo para las mujeres y adolescentes.
La confluencia de la movilización en las calles cordobesas con la presentación de la estadística nacional instala una fuerte presión sobre el poder político de la provincia y la nación. Mientras las asambleas del #NiUnaMenos exigen que el jury remueva a los funcionarios judiciales que actúan bajo lógicas patriarcales y lentitud procesal, los datos de La Casa del Encuentro reabren el debate sobre el desmantelamiento de los presupuestos destinados a las redes de contención, los refugios y los programas de asistencia integral a las víctimas. La persistencia de estas muertes violentas y la falta de respuestas coordinadas de los efectores del Estado consolidan la percepción de desamparo en las comunidades, transformando el dolor de la familia de Agostina en una bandera de lucha colectiva para exigir reformas estructurales urgentes en el Poder Judicial.
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