La designación del estadio Mario Alberto Kempes como sede de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano alteró la tradicional cartografía del poder en la Asociación del Fútbol Argentino ($AFA$). La decisión de la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia no solo obedeció a las ventajas logísticas intrínsecas de la plaza mediterránea —capacidad para 50.000 espectadores e infraestructura de servicios—, sino que funcionó como una vía de escape político para la conducción del fútbol local en medio del impacto provocado por el denominado AFAgate.
La gestión del gobernador Martín Llaryora, articulada operativamente por el titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, logró quebrar la hegemonía de Santiago del Estero, provincia que a través del Estadio Único Madre de Ciudades había acaparado diez finales en los últimos cuatro años. Este desplazamiento de la localía santiagueña se precipitó por la incomodidad institucional que generó la investigación del fiscal federal Pedro Simón sobre el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El expediente judicial indaga presuntos desvíos millonarios de fondos públicos santiagueños hacia empresas de seguridad privada vinculadas al dirigente, un escenario de alta exposición que forzó a la conducción de la calle Viamonte a desechar la opción de la provincia gobernada por Gerardo Zamora.
Ante el repliegue santiagueño y las alternativas de Mendoza y San Luis, Córdoba capitalizó su andamiaje organizativo y sus canales de interlocución con la dirigencia del fútbol. En la trastienda de la designación operó activamente el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, quien consolidó el nexo político entre el Centro Cívico y la mesa chica de la AFA. Al ofrecer un entorno blindado por operativos de seguridad previamente coordinados y un retorno económico estimado en $17.000 millones para el sector privado local, Llaryora transformó una crisis de gobernabilidad ajena en una vidriera de posicionamiento estratégico para su administración.

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