La encrucijada estatal: por qué el 40% no logra destrabar el conflicto con el SEP

El Gobierno provincial ha puesto sobre la mesa una oferta del 40% de aumento para los empleados públicos, buscando replicar el acuerdo alcanzado con el sector docente. Sin embargo, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) mantiene la guardia en alto. La clave del conflicto no reside únicamente en el porcentaje nominal, sino en la composición del incremento: el gremio exige que la suba sea mayoritariamente «en blanco» para evitar el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y garantizar que el impacto llegue a las categorías más bajas, hoy sumidas en ingresos críticos.

La negociación, liderada por Sergio Castro, pone el foco en la erosión que han sufrido los adicionales y la antigüedad por el uso de sumas fijas y conceptos no remunerativos en acuerdos previos. En una Córdoba que exhibe superávit, el reclamo sindical se vuelve más incisivo: los trabajadores plantean que el equilibrio fiscal no debe sostenerse sobre la pérdida de calidad del salario público.

1. Las razones del rechazo: negro sobre blanco

El análisis de la contrapropuesta gremial permite identificar los puntos de quiebre que mantienen la paritaria en fase decisiva:

• Impacto en jubilaciones y antigüedad: Las sumas «en negro» no computan para el cálculo de la jubilación ni para los adicionales por años de servicio. El SEP advierte que un aumento que no sea remunerativo castiga el futuro del trabajador y achata la pirámide salarial.
• La urgencia de los salarios iniciales: Con sueldos de bolsillo que rondan los 496 mil pesos en las categorías más bajas, el sindicato exige una «inyección directa» que actúe como piso de emergencia para quienes no llegan a cubrir la canasta básica.
• El efecto espejo con docentes: Aunque el 40% fue aceptado por la UEPC, las realidades escalafonarias del SEP son distintas. El gremio de los estatales teme quedar atrapado en un porcentaje que, al prorratearse en cuotas, termine siendo devorado por la inflación acumulada.

2. La estrategia de Llaryora: previsibilidad vs. conflicto

Desde el Centro Cívico, la orden es cerrar los acuerdos esta misma semana para dar previsibilidad al presupuesto del segundo trimestre.

• Blanqueo de la crisis: El Ejecutivo reconoce que los aumentos son necesarios pero deben ser compatibles con el flujo de ingresos provinciales, los cuales se ven afectados por la caída de la recaudación y el recorte de fondos nacionales.
• Evitar la judicialización: El Gobierno sabe que un acuerdo que no respete los aportes previsionales podría generar reclamos futuros ante la Justicia, afectando la solvencia de la Caja de Jubilaciones a largo plazo.

3. Consecuencias: entre la paz social y la fragilidad previsional

El desenlace de esta paritaria tendrá efectos inmediatos en la gestión de los servicios públicos provinciales:

• Garantía de servicios: Un acuerdo rápido despeja la amenaza de medidas de fuerza en áreas sensibles como salud y administración central, en un momento donde la demanda de atención pública crece por la crisis económica.
• Sostenibilidad de la Caja: Si el Gobierno accede al blanqueo total, deberá recalcular los aportes patronales, lo que implica un esfuerzo fiscal mayor que el de otorgar sumas fijas por única vez.
• Clima político: El éxito de esta negociación consolidará la imagen de Llaryora como un gestor capaz de resolver conflictos internos mientras mantiene una postura crítica hacia el modelo centralista de Milei.

Escenarios: una definición inminente

La paritaria del SEP es el último gran escollo para que la Provincia normalice su frente laboral interno. El gremio ha dejado claro que está dispuesto a aceptar un esquema en cuotas, siempre y cuando la «valorización» del ingreso sea real y no un alivio momentáneo que desaparezca al mes siguiente. La respuesta oficial que se espera para los próximos días determinará si Córdoba transcurre el próximo bimestre bajo un esquema de paz social o si el conflicto con los estatales escala hacia una confrontación abierta por la calidad del salario.